Andrés Eloy Méndez ha criticado este domingo a un sector de la oposición venezolana que ha recorrido “los centros de poder europeos y norteamericanos” promoviendo sanciones contra Venezuela para que el Estado venezolano “no pueda renegociar la deuda”, impidiendo la compra de medicinas y alimentos “para asfixiar al pueblo venezolano”.
A continuación, el presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha destacado que las medidas económicas implementadas por el Gobierno de Venezuela buscan evitar la inflación y solventar la crisis, ajustando los precios del mercado.
Ha llamado, asimismo, a los usuarios “no acomplejarse” si los precios de los productos aumentan, porque, explica, el salario mínimo, anclado a la moneda virtual venezolana, el Petro, también fluctuará de acuerdo con los precios internacionales del petróleo.
“La idea es que el salario aumente en la misma proporción porque está anclado al Petro. Si el dólar brinca, el salario brinca y sigue teniendo el objetivo central de la medida: poder comprar la canasta básica. Si sube el petróleo, también sube el sueldo” ha ahondado el diputado Méndez.
La idea es que el salario aumente en la misma proporción porque está anclado al Petro. Si el dólar brinca, el salario brinca y sigue teniendo el objetivo central de la medida: poder comprar la canasta básica. Si sube el petróleo, también sube el sueldo” ha explicado el presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Andrés Eloy Méndez.
Ante tal escenario, Méndez considera que los miembros de la ANC tienen “la obligación de constitucionalizar el derecho penal que preserva el Estado nación”, para la incorporación de sanciones contra aquellos dirigentes opositores que han promovido las agresiones contra Venezuela.
Por eso, ha planteado que, en la nueva Constitución, que redacta actualmente el órgano plenipotenciario, debe incluirse mecanismos que fortalezcan al Estado frente a los llamados de intervención militar que realizan dirigentes de la derecha.
La Administración venezolana insiste en que la entrada en vigor del paquete de reformas financieras tiene como objetivo neutralizar la “guerra económica” impulsada desde EE.UU. con el fin de derrocar el Gobierno de Maduro.
Entre tanto, la oposición arrecia su campaña contra el Ejecutivo chavista y ha convocado a un paro nacional para frenar el desarrollo de las medidas del nuevo plan económico.
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