El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan dictaminó que un tribunal inferior debería haber abordado cuestiones específicas de la ley estatal antes de decidir en contra del Banco Central de Irán (BCI) y del intermediario Clearstream Banking, una subsidiaria de Deutsche Boerse.
En una decisión unánime de 3-0, el panel de apelaciones también desestimó un reclamo de que una ley federal de 2019, destinada a facilitar la incautación de activos iraníes mantenidos fuera de Estados Unidos, renunció a la inmunidad soberana del Bank Markazi (el Banco Central de Irán).
Esta ley “no deroga la inmunidad jurisdiccional del Banco Markazi ni proporciona una concesión independiente de jurisdicción sobre la materia”, subrayó el juez de circuito Robert Sack.
El caso ha sido devuelto a la jueza federal de distrito Loretta Preska en Manhattan para determinar las implicaciones de la ley estatal y evaluar si el caso puede continuar en ausencia de Bank Markazi.
El caso había sido presentado por familiares de soldados muertos y heridos en el bombardeo de 1983 del cuartel del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Beirut.
Las familias de las víctimas del atentado pidieron a Irán que rindiera cuentas por supuestamente apoyar el ataque del 23 de octubre de 1983, que mató a 241 militares estadounidenses, al intentar confiscar el dinero de los bonos que Clearstream tenía en una cuenta bloqueada del Bank Central iraní.
El Banco Central de Irán invocó la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, que normalmente protege a los gobiernos extranjeros de responsabilidad ante los tribunales estadounidenses.
Irán ha criticado constantemente las acciones judiciales de Estados Unidos contra sus activos, afirmando que tales medidas violan el derecho internacional y los derechos soberanos de Irán.
En respuesta a la confiscación por parte de Estados Unidos de 1600 millones de dólares de activos iraníes en Luxemburgo, el Banco Central de Irán declaró que la República Islámica ha protestado reiteradamente por tales acciones y ha presentado su demanda contra Estados Unidos oficialmente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), solicitando una declaración de ilegalidad de esas decisiones y un mandato para que Estados Unidos ponga fin a tales prácticas.
En ese momento, Mayid Tajt Ravanchi, viceministro de Asuntos Exteriores de Irán para Asuntos Euroamericanos, destacó que los activos congelados eran inaccesibles debido a las sanciones, que habían impedido a Irán utilizar sus fondos en poder de Europa antes de las negociaciones nucleares que llevaron a la firma del Plan de Acción Integral Conjunto (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés).
Asimismo, Tajt Ravanchi criticó el esfuerzo más amplio de Estados Unidos por aplicar esas resoluciones a nivel internacional, calificándolas de “injustas y sin fundamento”.
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