La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló el miércoles su informe final sobre la situación en Perú durante las protestas que se iniciaron en diciembre de 2022 contra la presidenta Dina Boluarte en el que se señaló que la Policía y las Fuerzas Armadas peruanas sí recurrieron a un “uso desproporcionado, indiscriminado y letal” de la fuerza contra los manifestantes.
Pocas horas después, la jefa de Estado peruano declaró que respeta el informe de la CIDH, sin embargo, rechazó las acusaciones.
En reacción, el semanario peruano Hildebrandt en sus trece, rebatió el viernes las declaraciones de Boluarte. El medio peruano tuvo acceso a la respuesta oficial, un total de 178 observaciones, que el Gobierno peruano mandó a la CIDH, en Washington (EE.UU.), a finales de marzo pasado.
En este contexto, acusó al Gobierno de “doble cara”, y citando dicho documento, de 41 páginas, comunicó que el Gobierno de Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola culparon a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú (PNP) de las 49 muertes en protesta, además de reconocer excesos en el uso de las armas cuando en una de esas respuestas a CIDH, escribió que “las FF.AA. del Perú han tomado medidas administrativas coherentes con la gravedad de los hechos ocurridos”.
DOBLE CARA por @mecozam. En un documento que @ensustrece saca a la luz el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola reconoce ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los responsables de las muertes son policías y militares, que hubo excesos en el uso de las armas… pic.twitter.com/OIBCrI14bR
— Semanario Hildebrandt en sus trece (@ensustrece) May 5, 2023
Eso, a pesar de que Boluarte y Otárola, frente a las cámaras y los medios de comunicación, expresaron, en ese entonces, su apoyo a las FF.AA. y la Policía, denuncia el medio peruano.
El Ejecutivo, tras reconocer ante CIDH los “graves hechos ocurridos” durante las manifestaciones, informó que está próxima una reorganización de las fuerzas del orden. Esto, después de que indicara que “tales resultados lamentables no han sido generados por decisiones políticas autoritarias”.
Las masivas protestas en Perú empezaron poco después de que Boluarte reemplazara en la presidencia al ahora encarcelado Pedro Castillo, destituido del cargo el 7 de diciembre por el Parlamento tras intentar disolver el Legislativo, sin lograrlo, e instaurar un gobierno de facto.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, las protestas dejaron 49 civiles muertos por la acción de las fuerzas de seguridad. Otros 11 civiles murieron en accidentes de tránsito u otros hechos ligados a los bloqueos de vías por los manifestantes. Siete uniformados también perdieron la vida. Los heridos tras las confrontaciones suman 1785, siendo civiles los casos más graves y mayoritarios.
Boluarte y el Parlamento tienen escasa popularidad en Perú, según todas las encuestas. Un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado en el diario La República indicó el 30 de abril que el 79 % desaprueba a Boluarte, mientras que el 90 % rechaza al Congreso.
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