El proceso por el caso de los “pinchazos” que se le sigue actualmente al expresidente panameño, Ricardo Martinelli, representa sólo un fragmento de los supuestos delitos por los que debería ser investigado, pero un confuso acuerdo de “especialidad” en su extradición desde Estados Unidos, podría entorpecer cualquier intento de hacer justicia ante los abusos de poder cometidos durante su gestión.
El pleno del Congreso general Ngäbe Buglé y Campesino, aprobó por unanimidad solicitar a la Corte y al Ministerio Público que abran una investigación por los crímenes cometidos durante la represión a las movilizaciones populares de 2011 y 2012 en regiones comarcales, donde perdieron la vida manifestantes indígenas y resultaron centenares de personas heridas y con daños irreversibles.
Los incidentes tuvieron lugar en tiempos de la Administración de Ricardo Martinelli, quien actualmente enfrenta un proceso en Panamá relacionado a intervenciones telefónicas y que de acuerdo a un principio de especialidad establecido en el tratado de extradición con Estados Unidos, no podría ser procesado por un caso ajeno al que motivó su traslado.
Para los afectados y sectores críticos de la sociedad, la posible participación del actual presidente Juan Carlos Varela y allegados dentro de las acusaciones por las que se señala a Martinelli, podría influir en el desarrollo de estas investigaciones.
Como un reto al sistema de justicia o una burla al pueblo, los panameños describen los acontecimientos legales en torno al expresidente Martinelli tras su llegada al país y las impresiones respecto al desenlace, no son alentadoras.
John Alonso, Ciudad de Panamá.
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