Otro bombardeo israelí en la ciudad de Rafah. Las víctimas, ciudadanos en busca de asistencia y empleados de la ONU con chalecos del organismo internacional, en una instalación que debía ser protegida en la guerra, según el derecho internacional.
El ataque afectó a un centro de distribución de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. El organismo asegura que compartió las coordenadas de la instalación con el ejército israelí. Pero se trata de una agencia que durante años el régimen de Tel Aviv ha querido cerrar.
El jefe de la UNRWA asegura que desde el inicio de la guerra, al menos 165 de sus empleados han perdido la vida en los bombardeos israelíes, además de 400 desplazados que fueron asesinados mientras se refugiaban en las instalaciones de la agencia humanitaria.
Israel, además, acusó a miembros de la UNRWA de colaborar con HAMAS en el ataque del pasado 7 de octubre. Lo que provocó que algunos países suspendieran sus ayudas a un organismo que presta servicios a cinco millones de desplazados palestinos y que, desde años, asegura que enfrenta problemas de financiación. La ONU lamenta que, desde entonces, el régimen de Tel Aviv no ha presentado pruebas que confirmaran sus acusaciones.
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