“Las repúblicas de Donetsk y Lugansk consideran sin lugar a dudas que Crimea es parte de Rusia; es más, en un escenario ideal ambas quisieran integrarse en Rusia”, han afirmado en una declaración conjunta los representantes de las autoproclamadas República Popular de Donetsk (RPD) y la República Popular de Lugansk (RPL) en las negociaciones de Minsk, Denís Pushilin y Vladislav Deinego, respectivamente.
Las repúblicas de Donetsk y Lugansk consideran sin lugar a dudas que Crimea es parte de Rusia; es más, en un escenario ideal ambas quisieran integrarse en Rusia”, afirman los preresentantes de Lugansk y Donetsk.
De este modo han rechazado el proyecto de reforma constitución ucraniana, según el cual, la región de Crimea y la ciudad de Sebastopol se consideran parte territorial de Ucrania.
“Reiteramos oficialmente que la RPD y la RPL consideran Crimea y Sebastopol parte inalienable de Rusia”, reza el texto.

Deinego ha recordado también que en los acuerdos de Minsk no hay ni una sola palabra sobre la presencia o ausencia de Crimea en la Carta Magna de Ucrania.
Crimea y Sebastopol pasaron a ser regiones rusas tras la celebración de un referendo en marzo de 2014, en el que la mayoría de los habitantes se pronunciaron a favor de su adhesión a Rusia.
Las dos regiones rusofonas de Donetsk y Lugansk han sido testigos de enfrentamientos mortales entre las fuerzas independentistas y el Ejército ucraniano desde abril del año pasado, cuando Kiev inició sus operaciones militares para aplastar protestas antigubernamentales.

Según un informe emitido por la oficina de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cifra de víctimas mortales por la contienda en el este de Ucrania, desde mediados de abril de 2014 al 30 de mayo último, alcanza las 6417 personas, incluidos 626 niños y mujeres.
Las partes en conflicto firmaron el 12 de febrero en la capital bielorrusa de Minsk un alto el fuego en la zona.
Este acuerdo logrado entre el Ejército ucraniano y los independentistas de las regiones de Donetsk y Luganks (ambos en el este de Ucrania), entró en vigor a partir del 15 de febrero. Sin embargo, los independentistas acusan al Ejército ucraniano de violar el pacto e intentar provocar choques armados.
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