"Es necesario que se realicen todas y cada una de las diligencias para tener una investigación de la magnitud de los hechos (...) Que no queden cabos sueltos", afirmó el jueves el presidente de la CNDH mexicana, Luis Raúl González Pérez, respecto a las pesquisas realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 estudiantes en la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero (sur).
Es necesario que se realicen todas y cada una de las diligencias para tener una investigación de la magnitud de los hechos (...) Que no queden cabos sueltos", afirmó Luis Raúl González Pérez.
La entidad mexicana pro DDHH, en un informe preliminar, precisó haber encontrado “fallas en las averiguaciones, falta de atención y asistencia a las víctimas, y omisiones en la práctica de diligencias ministeriales federales y locales”.
Asimismo, presentó 32 observaciones y propuestas a las autoridades, entre ellas la realización de nuevos interrogatorios a policías y a militares destacados en la zona durante la jornada de los hechos, así como rastrear el uso posterior al crimen de dos teléfonos celulares de los estudiantes.
Además de denunciar las fallas y omisiones de la PGR, como no haber tomado las medidas necesarias durante las pesquisas del caso de la desaparición y posible asesinato de los 43 normalistas, Gonzáles advirtió que "no es momento de callar ni de olvidar”.
Al cumplirse 300 días desde la desaparición de los jóvenes en el muncipio de Iguala, según el funcionario mexicano, todos deben contribuir para romper la alianza entre el crimen y el poder, también entre la delincuencia y la autoridad, a fin de alcanzar la paz y la justicia en el país latinoamericano.
Para finalizar, hizo hincapié en la importancia de determinar la forma cómo operan las organizaciones criminales y su relación con los efectivos de seguridad pública en México.
A finales de septiembre de 2014, un grupo de policías locales disparó contra los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, causando la muerte de seis; después, los agentes capturaron a 43 jóvenes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que asegura haberlos asesinado e incinerado en un basurero, aunque solo un cuerpo ha sido identificado hasta la fecha.
En este contexto, la desaparición de los jóvenes normalistas que provocó un sinnúmero de las manifestaciones, hizo que las organizaciones internacionales focalizaran su atención hacia la situación de los derechos humanos en México. Cifras recién divulgadas por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) indican que México fue el tercer país del mundo con mayor pérdidas de vidas humanas durante el año 2014.
ftn/ncl/nal
