Durante un mensaje a los medios de comunicaciones tras reunirse en privado con magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes que en el paquete la corrupción pasará a ser “delito grave”, lo que implica que los infractores no tendrán derecho a fianza, así como el robo de hidrocarburos.
López Obrador agregó que lo mismo pasará con la compra de voto, la utilización ilegal de recursos para fines electorales, la falsificación de actas y, en definitiva, todas las irregularidades que se dan “cuando las elecciones no son limpias y libres”.
En otra parte de sus declaraciones se refirió a las iniciativas del nuevo paquete para mejoramiento de bienestar para el pueblo mexicano. En este contexto ha anunciado que se cancelará la “mal llamada” reforma educativa, impulsada por el actual presidente, Enrique Peña Nieto, y que puso en marcha acciones como la evaluación de los maestros.
López Obrador reiteró que la pensión de los adultos mayores aumentará, y que esta medida “se va a elevar el rango de ley”. Lo mismo ocurrirá con la pensión que se otorgue a los discapacitados pobres. Apuntó que también se creará una ley para “garantizar el derecho al estudio y al trabajo de los jóvenes”.
El líder izquierdista, que asumirá el cargo el 1 de diciembre, ha prometido acabar con los “métodos de la política tradicional” y “la corrupción” que existe en México en diversos terrenos, pese a los intentos de los opositores.
También la voz que se escucha en la Cámara de Diputados y el Senado de la República muestra que el presidente electo tiene carta libre para realizar las reformas en el ámbito de la economía.
El pasado mes de julio, López Obrador anunció su “Plan 50” contra la corrupción y austeridad, el cual contiene 50 puntos que abarcan cuestiones de ahorro, transparencia y limitaciones en la administración pública, así como eventuales reformas legales que tendrán que ser aprobadas por el Congreso de la Unión.
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