“Las políticas restrictivas de la Administración Trump, particularmente en contra de migrantes y refugiados, está generando un clima de hostigamiento y persecución en contra de las personas que defienden los derechos humanos de estas personas”, denunció el martes Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas del grupo Amnistía Internacional, en una conferencia de prensa en San Diego.
EE.UU. —insiste— debe poner fin inmediatamente a su uso indebido y políticamente motivado del sistema de justicia penal y a su abuso de poder para registrar, detener a personas defensoras de los derechos humanos en la frontera con México.
“En lugar de atacar a profesionales de la abogacía, periodistas y activistas por tratar de acabar con las violaciones de derechos humanos, el gobierno debería “escuchar” a estas personas”, manifestó.
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En los últimos días, el presidente Trump ha amenazado con detener y deportar a millones de personas que residen de forma irregular en EE.UU., incluidas las que tienen familiares con la ciudadanía estadounidense. ¿Contra quién irán las autoridades después con acusaciones falsas de tráfico de personas, solo por tratar de ayudar a comunidades amenazadas?”, denuncia Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La funcionaria explicó que en 2018 la organización comenzó a documentar la grave crisis de derechos humanos que enfrentan migrantes y refugiados en sus países de origen y los de tránsito, y fue así como encontró que no solo estos grupos eran atacados, sino también quienes los defendían.
Asimismo criticó el Gobierno de EE.UU., Donald Trump, que se deshonra al amenazar e incluso enjuiciar a sus propios ciudadanos y ciudadanas por su trabajo esencial para salvar la vida de personas en situación desesperada en la frontera. La jefa declaró que es la primera vez que denuncia la “criminalización y el acoso” de defensores de los derechos humanos en EE.UU.
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“En los últimos días, el presidente Trump ha amenazado con detener y deportar a millones de personas que residen de forma irregular en EE.UU., incluidas las que tienen familiares con la ciudadanía estadounidense. ¿Contra quién irán las autoridades después con acusaciones falsas de tráfico de personas, solo por tratar de ayudar a comunidades amenazadas?”, declaró la directora, criticando las políticas de Donald Trump.
La directora dijo por último que lamentablemente eso es una tendencia global, sobre todo de gobiernos autoritarios que buscan hacer un enemigo de los defensores de derechos humanos.
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