El proyecto de ley HR.3662 condiciona que el Gobierno de Obama, antes de levantar cualquier restricción, certifique y demuestre que las instituciones o personas iraníes sancionadas no están involucradas en acciones calificadas como terroristas por parte de Washington.
Dicha legislación también prohíbe que las instituciones y compañías extranjeras que han tenido negocios con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) abran cuentas bancarias en Estados Unidos.
Los involucrados en negocios con el sector de misiles balísticos de Irán, anteriormente sancionados por EE.UU., también tendrán dificultades para hacer negocios y realizar transacciones bancarias en el suelo estadounidense.
Esta ley, para entrar en vigor, requiere de la luz verde del Senado de EE.UU., no obstante, el jefe de Estado ya advirtió de que la vetará aun si llega a ser aprobada por ambas Cámaras del Congreso estadounidense.
La votación del martes en la Cámara baja es la segunda, ya que hace un mes cuando fue aprobada 137 congresistas estaban ausentes.
Analistas consultados por el rotativo estadounidense The Wall Street Journal pusieron en duda la efectividad de este proyecto de ley dado que, explican, su objetivo es impedir que EE.UU. levante las sanciones contra Irán, pero la Administración de Obama ya las ha revocado.
Irán y el Grupo 5+1 (EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania) anunciaron el pasado 16 de enero la implementación del acuerdo nuclear alcanzado en julio de 2015 entre Teherán y el Sexteto, sobre el programa de energía nuclear del país persa.
En este contexto, la Unión Europea (UE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Estados Unidos levantaron las sanciones impuestas a Irán por su programa de energía nuclear tras recibir el informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), confirmara el cumplimento de cada uno de los compromisos de Irán con respecto al acuerdo nuclear iraní.
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