“El “origen iraní” de las armas es una falacia”, dijo el viernes el representante permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mayid Tajt Ravanchi, en su perfil oficial de Twitter.
El informe del secretario general de la ONU, António Guterres, entregado el jueves al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), alega que los misiles de crucero y los aviones no tripulados utilizados por los combatientes yemeníes en los ataques contra Arabia Saudí, en septiembre de 2019, fueron de “origen iraní”.
Tajt Ravanchi rechazó las acusaciones vía Twitter y subrayó que “la Secretaría de la ONU carece de capacidad, experiencia y conocimiento para realizar investigaciones”.
El diplomático persa culpó además a Estados Unidos por la manipulación de las pesquisas de las Naciones Unidas. “Parece que EE.UU., con su historia de ataques contra Irán, se sienta en el asiento del conductor para dar forma a las “evaluaciones” de la ONU”, denunció.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, por su parte, rechazó el viernes “categóricamente” y “con firmeza” el informe de la ONU y aseguró que las “acusaciones” se habían formulado “obviamente” bajo “presiones políticas de los regímenes de Estados Unidos y Arabia Saudí”.
La Cancillería persa denunció que el informe “coincide con el destructivo plan de Estados Unidos reflejado en el peligroso proyecto de resolución destinado a prorrogar las restricciones de armas a Irán de manera ilegal”.
El informe de la ONU llega cuando el Gobierno de Estados Unidos se esfuerza por preparar un “argumento legal” sobre el cual Washington “técnicamente siga siendo un Estado participante” en el acuerdo nuclear con Irán.
Así la Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, busca presionar al CSNU para que extienda o incluso endurezca las sanciones de armas contra Teherán que se levantarán en octubre en el marco del pacto nuclear de 2015 del que salió EE.UU. hace dos años.
Irán, a su vez, ha advertido que cualquier medida de Washington para extender las sanciones de armas contra la República Islámica —impuestas en los años 2006 y 2007 y que expiran el 18 de octubre de 2020— constituye una violación de la resolución 2231, que estipula el pacto nuclear.
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