Ayer, 18 de febrero, se vivió una jornada de eventos violentos en varios puntos del país. En Santiago (la capital), los disturbios se concentraron en la comuna de Puente Alto (sureste), donde la Policía detuvo a cinco personas tras varios altercados que obligaron, incluso, a cerrar la estación de metro.
Fuera de Santiago, los mayores incidentes de violencia tuvieron lugar en Puerto Montt (centro-sur), donde un grupo de personas prendió fuego al edificio de la Gobernación Provincial y agredió a los bomberos mientras estos trataban de apaciguar las llamas.
Chile vive su convulsión social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con al menos una treintena de muertos, miles de heridos y señalamientos por presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) contabiliza 10 365 personas detenidas en comisarías desde el día antes del inicio de las protestas sociales –18 de octubre de 2019–, de las que 1249 son niños o adolescentes, ha informado este miércoles el organismo.
La actualización de datos difundida esta jornada por el INDH da cuenta de 1835 denuncias por vulneraciones de los derechos humanos, entre ellas 197 por violencia sexual, 520 por torturas y tratos crueles, y 1073 por uso excesivo de la fuerza.
Además, contabiliza 3765 personas heridas, de las cuales 445 sufren lesiones oculares, presuntamente, por efecto de los balines de goma disparados por agentes policiales, resultando en 34 los casos con pérdida de un ojo y en dos cegueras completas.
En total, el INDH ha presentado hasta la fecha 1312 acciones judiciales contra las fuerzas del Estado, de ellas cinco por homicidio, 19 por homicidio frustrado, 195 por violencia sexual, y 951 por torturas y tratos crueles.
Varios organismos internacionales, como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han denunciado también estos abusos.
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