El Poder Legislativo aprobó en un proyecto de ley que autoriza la extracción de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el patrimonio natural del Estado. La iniciativa avala el uso de fuentes de agua ubicadas dentro de zonas protegidas, siempre que estudios técnicos garanticen el menor impacto ambiental posible, sin embargo, diversas organizaciones ecologistas sostienen que es un grave error.
La captación y distribución del agua la harían empresas del Estado como Acueductos y Alcantarillados y Asadas comunales, las mismas que han sido expuestas por los problemas de abastecimiento en comunidades a causa de fugas.
El ministerio de Ambiente y Energía será el encargado de realizar los estudios y otorgar los permisos para la explotación del recurso hídrico en estas zonas protegidas, una institución político que tendrá que demostrar en los próximos meses que esta ley no es más bien una oportunidad para que intereses privados y particulares tengan acceso al agua.
Mauricio Inostroza, San José.
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