El lunes, el medio local Interceptión divulgó unas conversaciones filtradas que demuestran cómo el actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, y el fiscal del país, Deltan Dallagnol, se valieron del caso Lava Jato para obstaculizar la eventual victoria del PT, fundado por Lula, en las presidenciales de 2018.
Más tarde, en la misma jornada, el PT señaló que las acciones de Moro y de los magistrados que conforman la comisión Lava Jato son “crímenes contra la libertad de Lula, contra el derecho de defensa y el debido proceso legal y, principalmente, contra la soberanía del pueblo en el proceso electoral”.
“Al contrario de lo que afirman hoy para intentar sofocar sus acciones ilegales, Moro y los fiscales de la (comisión) Lava Jato sobrepasaron todas las fronteras de la legalidad y del Estado democrático de derecho”, aseveró la formación política en un comunicado.
Al contrario de lo que afirman hoy para intentar sofocar sus acciones ilegales, (el ministro de Justicia de Brasil, Sergio) Moro y los fiscales de la (comisión) Lava Jato sobrepasaron todas las fronteras de la legalidad y del Estado democrático de derecho”, denuncia el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil.
Los mensajes, agregó el texto, ponen de manifiesto que Lula es un preso político, condenado y encarcelado sin haber cometido ningún crimen, a no ser el de amenazar, con la fuerza del pueblo, el resultado electoral tramado por los poderosos.
Debido a tal situación, el PT lamentó que la libertad y el Estado de derecho estén en juego en Brasil ante las arbitrariedades cometidas. De quedar impunes, advirtió, pueden continuar dichas acciones en contra de cualquier ciudadano.
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La Justicia de Brasil condenó al expresidente brasileño (2003-2011) por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusaciones que él siempre ha negado. Desde su encarcelamiento el 7 de abril de 2018, gran parte de la población brasileña ha reclamado su puesta en libertad.
En agosto de 2018, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil invalidó la candidatura de Lula en las elecciones, en el marco de la llamada ley de “Ficha Limpia”, que prohíbe a los candidatos postularse si tienen condenas confirmadas. Asimismo, impidió a sus correligionarios que utilizaran la figura del líder izquierdista en los debates electorales televisivos.
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