Enarbolando carteles en que se leían lemas como “no al golpe de Estado”, “sí a la democracia” y “vamos a respetar la Constitución Federal”, los manifestantes reiteraron el martes su apoyo a la presidenta Dilma Rousseff ante un juicio político orquestado por el Congreso y la oposición para sacarla del poder.
“El comité se estableció con la idea de desarrollar un trabajo hacia arriba para la defensa del respeto de la democracia y de movilizarse contra el juicio político, al entender que no hay ninguna base legal que lo justifique”, reza el manifiesto que han publicado.
El comité se estableció con la idea de desarrollar un trabajo hacia arriba para la defensa del respeto de la democracia y de movilizarse contra el juicio político, al entender que no hay ninguna base legal que lo justifique”, reza un manifiesto de diferentes partidos políticos y movimientos sociales brasileños.
La iniciativa fue adoptada luego de que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), miembro de gran relevancia de la coalición del Gobierno brasileño, abandonara al Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff.
Con el abandono del Gobierno por este aliado, la presidenta queda más débil políticamente ante las dos Cámaras, que buscan su destitución por un supuesto maquillaje de las cuentas públicas.
Ante esta situación, los parlamentarios de varios partidos han llamado a la comisión especial que busca la destitución de Rousseff a cumplir con las normas constitucionales.
“Hemos rastreado un largo camino para volver a la democratización de Brasil y no nos detendremos ahora que todo está perdido con esta amenaza golpe de estado registrado por los sectores conservadores. Este juicio político que están tratando de hacer no tiene fundamento legal”, ha sostenido un parlamentario del PT, Wadih Damous.
Rousseff, quien ha indicado que tal proceso supone un golpe a la democracia brasileña, ha sido acusada por un grupo de juristas apoyados por la oposición de haber aumentado gastos sin permiso del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto con préstamos de bancos estatales en 2014, el año de su reelección, y a inicios de 2015.
El 17 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó con 433 votos a favor y 1 en contra la creación de una comisión especial para analizar una petición de destitución de la presidenta por supuesta manipulación de las cuentas públicas.
msm/mla/nal
