Así lo asevera Zanin Martins, abogado de Lula, en un comunicado emitido el jueves, que denuncia la intención de la Fiscalía de impedir a su cliente manifestar sus ideas y planteamientos en una nueva etapa de su vida política.
"Tal y como sucedió en la dictadura que sufrió el país durante 21 años, cuando fueron suspendidos todos los derechos de los ciudadanos", recuerda Martins para comparar la actuación de la Fiscalía con la situación que vivió el país suramericano durante su última dictadura militar (1964-1985).
(Las acusaciones de la Fiscalía contra Lula de Silva son) como (lo que sucedió) en la dictadura que sufrió el país durante 21 años, cuando fueron suspendidos todos los derechos de los ciudadanos", señala Zanin Martins, abogado defensor del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
El documento revela, además, un intento por la parte de la Fiscalía de “banalización de la figura de la prisión preventiva”, objeto que a su parecer no figura entre las responsabilidades que debe tener un miembro de la Fiscalía en el ejercicio de sus funciones.
El abogado brasileña también insiste en que la justicia debe rechazar el pedido de prisión preventiva para su cliente, puesto que, según Martins, los investigadores no disponen de indicios concretos que sustenten las acusaciones contra Lula da Silva.
Las alegaciones de Martins se produjeron un día después de que el equipo del abogado presentara al Tribunal Supremo Federal (STF) un recurso de apelación que pide la suspensión de las diligencias contra el expresidente brasileño por el caso Petrobras (la mayor petrolera estatal de Brasil) hasta que se determine qué tribunal debe hacerse cargo del proceso.
En la actualidad, hay dos tribunales que investigan a Lula da Silva: la Fiscalía Federal de Paraná, que lleva el caso de la "Operación Lava Jato" (del nombre de un lavadero de autos) y la Fiscalía del estado de São Paulo, con la misma responsabilidad.
Por su parte, el abogado Marcelo Lavenere aseguró el mismo jueves, en declaraciones al portal Vermelho, que el exmandatario es “víctima de un proceso de venganza” por parte del Poder Judicial, e insistió en que el exdignatario es blanco de una persecución política permanente y ostensiva que tiene como objetivo “desmoralizarlo” a él y a su familia.
Lula da Silva (2003-2010) se ha convertido en el centro de pesquisas por supuestos enriquecimiento ilícito y blanqueo de dinero, proveniente de las constructoras acusadas de sobrevalorar contratos con Petrobras, por lo cual la Policía Federal lo detuvo el viernes para que declarase sobre el asunto, además de registrar su residencia, la sede de su instituto y las casas de familiares y allegados.
Desde entonces, además de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, varios mandatarios de la comunidad internacional —entre ellos, los presidentes de Bolivia, Venezuela y Ecuador, Evo Morales, Nicolás Maduro y Rafael Correa, respectivamente— han manifestado su solidaridad con Da Silva y han condenado la actuación policial.
También el domingo, miembros del Partido de los Trabajadores (PT) se congregaron para defender a su líder.
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