• Un operativo policial, llevado a cabo en Sacaba (Cochabamba) durante las protestas postelectorales de 2019.
Publicada: miércoles, 18 de agosto de 2021 22:34

Bolivia apuesta por la reconciliación pero rechaza un pacto de silencio respecto a los hechos violentos en torno al golpe de 2019, confirmados por la CIDH.

Los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Bolivia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confirmaron el martes las “masacres” de civiles y las violaciones de derechos humanos perpetrados durante el golpe de Estado de 2019 por el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

En alusión a dicho documento, en un mensaje emitido en Twitter, el ministro de Gobierno boliviano, Carlos Eduardo del Castillo, ha indicado que se necesita empezar con el proceso de reconciliación en el país, pero sin que eso signifique asumir un “pacto de silencio”, puesto quehay centenas de familias bolivianas que están exigiendo justicia”, ha destacado.

Por su parte, en una entrevista concedida este miércoles a la cadena Bolivia TV, la ministra boliviana de la Presidencia, María Nela Prada, ha confirmado que hubo golpe de Estado en ese año, y hechos de violencia ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. 

El documento establece que en una sesión de la Cámara de Senadores se proclamó presidenta sin el quórum correspondiente a la señora (Jeanine) Áñez y, posteriormente, en la Asamblea Legislativa sin quorum se proclamó presidenta transitoria de Bolivia”, ha agregado.

Conforme a Nela Prada, además de un daño al sistema democrático de Bolivia, el informe final ha demostrado las violaciones a los derechos de las familias bolivianas mediante “represiones con consecuencias fatales”.

 

Presidente boliviano reafirma que hubo golpe de Estado en 2019

Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, ha asegurado en esta misma jornada que el informe deja claro que se perpetraron graves violaciones a los derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto.

El martes, Arce subrayó que no permitirá que “se acalle” todo lo ocurrido durante la administración de Áñez, debido a amenazas de un nuevo golpe de Estado.

Tras el triunfo electoral del expresidente boliviano, Evo Morales, en las elecciones presidenciales de 2019, la oposición no aceptó el resultado e inició una serie de protestas, con el apoyo de jefes policiales y militares, por lo que el mandatario renunció para evitar el derramamiento de sangre en las calles.

Morales denuncia que los hechos de 2019 en su contra constituyen un “golpe de Estado” orquestado por la oposición, respaldada a su vez por la Organización de Estados Americanos (OEA) y EE.UU.

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