Según dijo un jefe de Policía, citado el miércoles por la agencia británica de noticias Reuters, alrededor del 80 % de los agentes de las fuerzas policiales de Bolivia que han recogido desde abril más de 3300 cuerpos de personas que murieron en sus hogares o en lugares públicos en La Paz y El Alto, son sospechosos de haber sido infectados con el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.
“El servicio de salud y el instituto forense han colapsado por falta de personal, porque la cantidad de cadáveres que ahora se están levantando es muy grande”, indicó a la agencia británica el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de El Alto, Walter Sossa.
La Policía del país asumió un papel de primera línea al recolectar los muertos, mientras que el recuento oficial de las infecciones por coronavirus en Bolivia asciende a más de 73 500, con un número de fallecidos de 2808. El número real de muertes, de acuerdo con Reuters, es mucho mayor.
Sossa señaló que 527 agentes de policía, que frecuentemente carecen de la protección necesaria, han sido infectados con el virus y que a veces los funcionarios han debido retirar los cuerpos de sus colegas.
“Somos humanos y nosotros podemos contagiarnos como cualquier otra persona, además estamos en la primera línea de trabajo; en consecuencia, estamos más expuestos que otros”, añadió Sossa.
Además de la Policía, los médicos, las Fuerzas Armadas y voluntarios actúan en primera línea contra la enfermedad. Según un reporte epidemiológico del Ministerio de Defensa de Bolivia del lunes, más de mil militares de las Fuerzas Armadas han sido contagiados por la enfermedad, entre los que 16 han perdido la vida.
Con todo esto, Jeanine Áñez, que se autoproclamó presidenta luego de que un golpe de Estado obligara al exmandatario Evo Morales a presentar su dimisión, ha sido criticada por su mal manejo ante la pandemia. De hecho, durante la crisis sanitaria, el gobierno de facto de Bolivia, en vez de invertir en el sector de la salud, autorizó la asignación de más de cinco millones de dólares para la compra de agentes químicos que se utilizan en la represión de manifestantes en su contra.
nkh/lvs/krd/mjs
