La Cámara Alta iba a debatir el miércoles la autorización para allanar tres residencias de la exmandataria a pedido de la Justicia en el marco de una investigación por corrupción, pero tuvo que postergar la sesión por la inasistencia de varios senadores. Para realizar la sesión se necesitaba la presencia de la mitad más uno de los 72 senadores, mientras solo acudieron 36.
“Lamentablemente no tuvimos el quórum necesario y vamos a pedir por escrito sesionar el próximo miércoles (22 de agosto)”, declaró a periodistas Ángel Rozas, senador por el gobernante partido Cambiemos.
La exmandataria es procesada en el marco de la causa, conocida como los “cuadernos de las coimas” que investiga un circuito de distribución de dinero vinculadas a la obra pública durante la gestión kirchnerista, conforme a una revelación del diario local La Nación, basada en registros de Oscar Centeno, exchofer del Ministerio de Planificación.
Lamentablemente no tuvimos el quórum necesario y vamos a pedir por escrito sesionar el próximo miércoles (22 de agosto)”, dice a periodistas Ángel Rozas, senador por el gobernante partido de Cambiemos, en alusión al debate postergado sobre el allanamiento de tres viviendas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La sesión se había convocado debido a que la expresidenta, ahora es senadora, goza de fueros parlamentarios y por eso el Poder Judicial no puede actuar en este sentido con la excepción de que lo habilite el propio Congreso.
El juez federal Claudio Bonadio, que lleva adelante la investigación, necesitaba el permiso de la Cámara Alta para poder registrar el allanamiento de dos departamentos y una tercera propiedad de la ex jefa de Estado, en un caso judicial que ya ha puesto en la cárcel a varios empresarios y funcionarios.
Como parte de las pesquisas, la Policía Federal de Argentina allanó el pasado lunes 13 de agosto el edificio donde vive Fernández, pero no ingresó a sus dos departamentos.
Fernández rechaza cualquier vinculación con actos de corrupción y asegura que es víctima de persecución “judicial”, impulsada por el Ejecutivo de Mauricio Macri, que busca presionar a la oposición del país. La exmandataria también ha denunciado que las acusaciones en su contra son parte de un complot contra líderes progresistas de América Latina.
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