“Estamos frente a un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, denunció en un comunicado la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
Estamos frente a un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, afirmó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
Belski advirtió de no se pueden usar leyes penales para intimidar y amenazar a las organizaciones sociales y silenciar sus peticiones.
El comunicado aduce que Sala, pese a que no es una autoridad formal, está acusada de ocupación de lugares públicos y de restringir la circulación de vehículos.
Asimismo, la organización solicitó garantías de la integridad física de Sala, exigió, a su vez, que sea puesta en libertad y que dejen de perseguirla.
Los movimientos de izquierda latinoamericanos informaron el martes de la detención de esta activista.
Sala, también diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur), fue detenida tras un allanamiento, el pasado día 16 de enero, en su residencia ubicada en San Salvador, capital de la provincia norteña de Jujuy, y posteriormente trasladada a la comisaría de la Mujer por supuestos cargos de “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real”.
La activista instaló un campamento frente a la Gobernación de Jujuy (norte de Argentina) para denunciar el reordenamiento de la distribución de subsidios a las cooperativas prescrito por el nuevo gobierno de Gerardo Morales, aliado del partido Cambiemos, del presidente argentino, Mauricio Macri.
A su vez el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina consideró el 18 de enero de “gravísima” la detención de Sala.
El sábado cientos de argentinos salieron a las calles de Buenos Aires para protestar contra el arresto de Milagro Sala, y el lunes reiteraron su solicitud de que fuera liberada.
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