“Se han recogido más de 3 millones de bombas de racimo en 15 provincias y 70 ciudades yemeníes en los últimos siete años”, ha señalado este lunes Ali Safra, el director del Centro de Neutralización de Minas Antipersona de Yemen.
El funcionario ha declarado que la llamada coalición agresora liderada por Arabia Saudí se ha servido de las bombas de racimo para asolar a los yemeníes. “Nos enfrentamos a una catástrofe”, ha lamentado.
En este sentido, ha precisado que estos artefactos explosivos han provocado la muerte de 42 civiles en las diversas provincias del país más pobre del mundo árabe en el pasado mes de marzo.
Además, Safra ha alzado la voz contra las organizaciones internacionales por intentar encubrir los crímenes de los Al Saud y sus aliados reduciendo el número de yemeníes muertos por el uso de estos dispositivos, prohibidos por varios instrumentos legales.
Las bombas de racimo están prohibidas en virtud de la Convención sobre Municiones en Racimo (CCM, por sus siglas en inglés), un tratado internacional que aborda las consecuencias humanitarias y los daños inaceptables causados a civiles por las municiones de racimo.
Esas armas pueden contener decenas de pequeñas bombas que se dispersan en vastas áreas, a menudo matando y mutilando a civiles, a veces mucho tiempo después de conflictos bélicos.
Pese al rechazo a nivel internacional, el régimen saudí y sus aliados han empleado en varias ocasiones bombas de racimo y otras municiones prohibidas contra blancos civiles en diferentes partes de Yemen, incluidas las provincias septentrionales de Saada, Amran y Marib.
Los agresores saudíes y compañía importan la mayoría de estas municiones de países como Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Francia y España, que, a pesar de ofrecer bonitos discursos sobre los derechos humanos, ayudan a Riad en la matanza del pueblo yemení.
rth/ctl/hnb
