“Venezuela rechaza, en los términos más enérgicos, el nuevo crimen de agresión cometido por el Gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela (...) en un acto grosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia Bolivariana”, ha afirmado el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en un comunicado.
Estados Unidos ha sancionado este jueves a 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional (TSJ), por proclamar falsamente la victoria del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
También figuran Edward Miguel Briceño Cisneros, juez especial del Primer Tribunal de Primera Instancia con competencia en materia de terrorismo, alineado con Maduro, el fiscal Luis Ernesto Duenez Reyes, también alineada con el chavismo, y Dinorah Yoselin Bustamante Puerta, fiscal del Primer Tribunal Especial de Primera Instancia de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
La lista también incluye a Pedro José Infante Aparicio, quien se desempeña como el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Domingo Antonio Hernández Larez, el comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), Elio Ramón Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Johan Alexander Hermandar Larez, comandante de REDI Capital de la GNB; Asdrúbal José Brito Hernández, director de Investigaciones Criminales de la DGCIM, y Miguel Antonio Muñoz Palacios, subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
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Con las medidas anunciadas este jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a más de 140 funcionarios venezolanos, y cerca de 2,000 personas están sujetas a restricciones de visado por parte del Departamento de Estado estadounidense.
Los gobiernos de Estados Unidos, algunos países europeos y varios países latinoamericanos han cuestionado la legitimidad del proceso electoral venezolano del 28 de julio, que dio como ganador a Maduro, y han reclamado la victoria del candidato de extrema derecha, Edmundo González Urrutia, basándose en conteos paralelos realizados por la oposición.
Caracas ha denunciado injerencias de EE.UU. y otros países en sus asuntos internos, y acusa a Washington de intentar tramitar un golpe de Estado para derrocar a Maduro.
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