A través de un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores, Venezuela anunció el jueves su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y realizar, en los próximos 30 días, una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con la entidad.
Solicitó también al ente internacional el retiro de sus trabajadores del país bolivariano en las siguientes 72 horas y “rectifiquen ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”.
Según la nota, publicada en la cuenta en X del canciller venezolano, Yvan Gil, Venezuela ha tomado esta medida por causa del “impropio papel” de esta oficina que durante los últimos años que se ha convertido en “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
Venezuela condenó la “postura sesgada y parcializada” de la oficina de ACNUDH, convirtiéndose en “una caja de resonancia de la oposición de extrema derecha venezolana” y respaldando la “impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados”.
De hecho, critica que dicha oficina no se ha pronunciado respecto a los recientes casos de intentos de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro, y generar violencia y crear un caos en el país.
El miércoles, el fiscal general venezolano, Tarek Wiliam Saab, informó de detenidos por el caso “Brazalete Blanco”, un supuesto plan para atacar una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para posteriormente asesinar a Maduro.
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