El documento de 83 páginas, elaborado por el Alto Consejo para los Derechos Humanos de Irán (HCHR, por sus siglas en inglés) y obtenido este lunes por Press TV, destaca el hecho de que la República Islámica de Irán siempre ha contado con un nivel de seguridad más alto entre los países de Asia Occidental y ha seguido la estrategia de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados y, en paralelo, no permitir que otros países interfieran en los suyos.
Además, precisa que la independencia de Irán es intolerable para los poderes arrogantes, cuya supervivencia depende de la explotación de otros países.
El informe señala que después de la Revolución Islámica (1979), las potencias hegemónicas han buscado fomentar inestabilidad e inseguridad en Irán recurriendo a diferentes modus operandi y utilizando el terrorismo como una de sus tácticas principales.
“Durante las últimas cuatro décadas, más de 17 000 iraníes han sido asesinados”, denuncia el Alto Consejo de Derechos Humanos de Irán, enfatizando que los enemigos no han dejado piedra sin remover para materializar su estrategia de desestabilización.
Agrega que los enemigos “aprovecharon la ola de disturbios e intentaron avivar las llamas de las protestas” tras la trágica muerte de la joven iraní Mahsa Amini el 17 de septiembre de 2022.
HCHR indica que el paso equivocado de quienes siguieron los diabólicos complots y guiones de los enemigos en el país llevó a desvanecer las protestas pacíficas y transformarlas en violentos tumultos.
“El pueblo iraní, priorizando sus intereses nacionales, pronto se alejó de los alborotadores y separatistas y salió victorioso de tal prueba”, dice el informe.
Por otra parte, lamenta que, durante tres meses de disturbios, más de 7000 jóvenes iraníes resultaran heridos por los vándalos únicamente por defender la seguridad nacional de su país.
El alto número de muertos y heridos entre las fuerzas del orden se debe a que “según las instrucciones oficiales y los documentos disponibles, ellos ni siquiera portaban armas de fuego para defenderse de los alborotadores y terroristas armados”, añade.
El Alto Consejo de Derechos Humanos de Irán subraya que, durante los disturbios, fueron confiscados más de 8314 armamentos, 6314 de los cuales eran armas de fuego.
De acuerdo con el HCHR, algunos de los agentes de seguridad iraníes como Reza Zare Moayedi, Davud Abdolahi, Esmail Cheraqi, Seyed Hamidreza Hashemi, Mohamad Amin Abdarshekar, Ali Beik Darzi y Mohamad Amin Aref fueron martirizados por disparos de los alborotadores armados. Mientras otros efectivos como Hosein Oyaqi, Mohamad Rasul Dust Mohamadi, Mehdi Zahedlui, Hosein Zeinalzade y Danial Rezazade Motlaq fueron asesinados a puñaladas.
El documento afirma que varios miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos Arman Aliverdi y Seyed Ruholá Ayamian, fueron torturados y asesinados sin piedad por los vándalos.
Además, otros miembros de las fuerzas del orden iraníes, a saber, Farid Karampur Hasanvand, Mayid Yusefi y Erfan Hamze, fueron atropellados por automóviles conducidos por alborotadores.
En la ciudad de Mashad, en el noreste de Irán, los vándalos, que buscaban cerrar las tiendas mediante amenazas, intimidación y coerción, atacaron a la gente común y mataron a puñaladas a dos estudiantes inocentes, dice el documento.
El Alto Consejo de Derechos Humanos de Irán documenta también casos de acoso contra mujeres con velo en diferentes ciudades del país.
Asimismo, asevera que los funerales de las víctimas de los recientes disturbios en todo el país, seguidos de enormes procesiones fúnebres de las víctimas del ataque terrorista del pasado octubre en el santuario sagrado de Shah Cheraq, en la ciudad de Shiraz, evidencian que los ciudadanos iraníes se distancian de cualquiera que busque causar inestabilidad en su patria e infligir daño a la integridad territorial y la seguridad nacional del país persa.
Las autoridades iraníes han denunciado en reiteradas ocasiones que varios países extranjeros, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, han utilizado sus servicios de espionaje y mecanismos de propaganda para promover disturbios violentos en el país.
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