Los familiares de las víctimas de dos de los casos más notorios de violaciones de Derechos Humanos en Perú, La Cantuta y Barrios Altos, han expresado su firme oposición a la postura adoptada por el Estado peruano respecto a la liberación del expresidente Alberto Fujimori.
Según los parientes de los fallecidos, la decisión del Tribunal Constitucional ha tenido consecuencias de gran magnitud en lo que respecta al acceso a la justicia para aquellos que durante décadas han luchado por la verdad, la justicia y la reparación ante estos crímenes de lesa humanidad.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia en relación con estos casos; sin embargo, cuando se intentó indultarlo en 2017, la Corte Interamericana intervino y lo impidió. No fue hasta finales de 2023 que fue puesto en libertad.
La liberación del expresidente Alberto Fujimori ha provocado la indignación de los familiares de las víctimas quienes sostienen que el Tribunal Constitucional ha desvirtuado años de incansable lucha por lograr que el exmandatario sea condenado por estos crímenes de lesa humanidad.
Esta decisión representa un duro golpe para aquellos que aún claman por justicia en nombre de sus seres queridos.
A pesar del rechazo de los familiares de las víctimas, de la población peruana en general y de la misma Corte Interamericana, que alegó que el Estado Peruano comete desacato, el Gobierno insiste en mantenerse firme en su posición.
Los casos de Barrios Altos y La Cantuta son considerados un ejemplo de justicia, ya que otros países replicaron su enfoque en lo que respecta a casos de violaciones de derechos humanos.
Sobre la sentencia del caso Barrios Altos se han anulado las leyes de amnistía en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y, por lo tanto, hay un referente de carácter regional muy potente, muy poderoso que hay que tomar en consideración.
A nivel interno la jurisprudencia peruana ha marcado un punto de interpretación que ha sido consolidado en el tiempo, en el sentido de decir lo mismo que dijo la Corte, es decir, que hay una prohibición expresa para las amnistías a violadores de derechos humanos, porque contravienen normas internacionales, obligaciones internacionales, derechos fundamentales de las víctimas a acceder a la justicia.
Según el Instituto de Estudios Peruanos, el 77 % de peruanos está en desacuerdo con que Alberto Fujimori haga política luego de haber sido indultado.
Aarón Rodríguez; Lima.
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