Mediante un comunicado divulgado este martes, los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) han condenado las sanciones que el Consejo Europeo (CE) impuso el lunes a ocho funcionarios nicaragüenses, entre ellos la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega.
De acuerdo con la nota, el organismo regional ha pedido a la UE el “levantamiento de las medidas” coercitivas por constituir una forma de “injerencia” en los asuntos internos de Managua. “La ALBA-TCP rechaza este tipo de intimidaciones y defiende la soberanía, la determinación libre e independencia política de los Estados”, reza el texto.
Además, ante la arremetida del bloque comunitario europeo, todos los países miembros del organismo como Venezuela, Cuba, Bolivia, Dominica entre otros han ratificado su solidaridad y apoyo tanto con el pueblo de Nicaragua, como con el presidente Ortega y su vicepresidenta.
El Consejo Europeo, a través de un comunicado emitido el lunes, informó de la imposición de sanciones contra ocho ciudadanos nicaragüenses, entre los que se encuentra Juan Carlos Ortega Murillo —hijo de Murillo y Ortega—, y otros siete altos funcionarios del Estado por supuestas “graves violaciones de los derechos humanos”.
Estas nuevas restricciones elevan a 14 el número de altos funcionarios nicaragüenses sancionados por la UE. El 4 de mayo de 2020, los Veintisiete pusieron en su lista negra a seis funcionarios de Estado nicaragüense, prohibiéndoles así viajes dentro del espacio europeo y congelación de activos.
Nicaragua, al igual que Venezuela y Cuba, es víctima de las medidas coercitivas, unilaterales e ilegales del Occidente. En este sentido, las autoridades nicaragüenses acusan a la oposición de ejercer “terrorismo golpista”, con el apoyo financiero de Estados Unidos, para incitar a la inestabilidad en el país y sacar del poder a Ortega, por defender la soberanía del país y ser abiertamente antimperialista.
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