Pueblos indígenas y activistas recuerdan como ésta contraviene derechos ya reconocidos de las comunidades y los ejidos; en tanto que continúan alzando la voz en contra de los megaproyectos que afectan a sus territorios.
La SCJN analiza el caso que la Comunidad Nahua y Ejido de Tecoltemi, en Puebla, presentó en 2015 en contra de dos concesiones mineras que fueron entregadas sobre su territorio, y en contra de la Ley Minera que posibilitó dicho otorgamiento. A inicios del 2022 un juzgado de ese mismo estado otorgó una suspensión provisional del acuerdo presidencial de megaproyectos.
En tanto, por parte del actual Gobierno, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales manifestaron que “el derecho a un ambiente sano es primordial y prevalece frente a intereses particulares que explotan las riquezas del subsuelo” e instaron a los ministros de la Corte a priorizar los derechos de las comunidades indígenas.
Actualmente, en México existen 24 mil 66 concesiones mineras, distribuidas en lo que representa cerca del 9% del territorio nacional. Desde el inicio del actual gobierno a finales del 2018 se instruyó no otorgar nuevas concesiones.
Sara Morales Gallego, Ciudad de México.
kmd/hnb
