Debido al alza en la cantidad de extorsiones que salen desde las cárceles del país y que mantiene en zozobra a la población. Altos funcionaros saben que las extorsiones salen de las cárceles y que deterioran la productividad del país.
La gremial de empresas señala que el 40 % de sus afiliados asegura ser víctima de extorsiones, algunos comerciantes llevan siete años pagándole a las pandillas. El ministro de gobernación insiste en tipificar a las maras como grupos terroristas pero no contempla adoptar medidas como las de El Salvador debido a las marcadas diferencias, aunque han tenido acercamientos.
El ministro también ha pedido que se le asigne a la policía el armamento incautado al crimen organizado. Varias iniciativas de ley para combatir a las pandillas y las extorsiones se han presentado ante el Congreso de la República y los diputados del ala conservadora le han dado el visto bueno, solo falta esperar que una mayoría vote a favor para que se convierta en ley.
Organizaciones pro derechos humanos no comparten que a los pandilleros se les aplique una tipificación como terroristas, apelan más a programas de reinserción y prevención.
De acuerdo a información oficial, el 2022 cerró con más de 14 mil denuncias ante el Ministerio Público por el delito de extorsión, en ese mismo periodo las estructuras criminales le cobraron a sus víctimas más de 45 millones de dólares.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala
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