El magistrado procesa a 9 personas por su participación en el ‘proceso’ para la independencia de Cataluña, que, además de Puigdemont (huido de la justicia), incluye a Oriol Junqueras (exvicepresidente regional encarcelado) y Jordi Turull (exportavoz de la Presidencia regional y candidato a presidir la Generalitat), todos inculpados por rebelión y uso indebido de fondos públicos, según se lee en el documento del procesamiento facilitado este viernes a los medios de comunicación españoles.
Otros seis enjuiciados por los mismos cargos arriba mencionados son los exconsejeros Joaquim Forn (interior), Raúl Romeva (asuntos exteriores), Clara Ponsatí (educación), Josep Rull (territorio), Antonio Comìn (salud) y Dolors Bassa (trabajo y asuntos sociales).
El acto procesal también incluye el encausamiento por rebelión de la expresidenta del Parlamento regional Carme Forcadell, el expresidente de la asociación Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el expresidente de la asociación Omnium Cultural Jordi Cuixart — en prisión los dos últimos— y la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira.
Asimismo, Llarena encausa por malversación y desobediencia a los exconsellers del Govern catalán Meritxell Borràs (vivienda), Lluis Puig (cultura), Carles Mundó (justicia), Santiago Vila (empresa) y Meritxell Serret (agricultura).
Por desacato a la autoridad, el juez procesa a cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento y a otros dos exdiputados del Parlamento regional como Anna Gabriel, de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) — huida de la Justicia española—.
Llarena basa la imputación de estos 25 políticos catalanes en la defensa por estas personas de lo expuesto en el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, que contemplaba que, en el caso de que la independencia no fuese consentida por el Estado español, “la secesión se alcanzaría reanudando la desobediencia permanente al marco constitucional y legal” y que sería el mantenimiento de la movilización ciudadana lo que terminaría por forzar al Estado a reconocer la nueva república catalana.
Tras conocerse el procesamiento de estos 25 líderes independentistas, la Fiscalía española ha solicitado prisión sin fianza para Turull, Forcadell, Romeva, Rull y Bassa ante el riesgo de reiteración delictiva y al apreciar también riesgo de fuga.
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