En medio de un inmenso despliegue policial con 200 agentes en Palma de Mallorca (este), la hermana del rey de España, Felipe VI, y su marido se han sentado en la mañana de este lunes en el banquillo de acusados por primera vez. La infanta es sospechosa, según la justicia española, de cooperar en dos delitos fiscales del Instituto Nóos.
Esta fundación, declarada “sin ánimo de lucro”, era oficialmente dirigida por Urdangarin y su socio Diego Torres, y se servía del crédito de la familia reinante para obtener toda clase de favores de grandes empresarios y de la administración española, por lo que están acusados de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo de capital.
Los abogados de la aristócrata tratan de que se le aplique la llamada “doctrina Botín”, elaborada en 2007 por el Tribunal Supremo español para evitar juzgar al banquero fallecido Emilio Botín, con el argumento de que no figuran entre los querellantes instituciones estatales —en cuya designación interviene el Gobierno— como la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
En una comparecencia este lunes en Madrid (capital), el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, ha eludido responder a la prensa si cree que debería aplicarse a la infanta dicha doctrina, como reclama el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, dependiente jerárquicamente del Gobierno a través del Fiscal General del Estado.
El sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, única acusación que sostiene acciones penales contra Cristina de Borbón, pide para ella 8 años de prisión. Para Urdangarin, la asociación reclama 26,5 años y la Fiscalía 19,5. Para Torres, este organismo público pide 16,5 años de prisión. En total, son 18 los acusados en el proceso.
El socio de Urdangarin insiste en que toda la casa real española estaba al corriente de las operaciones del Instituto Nóos. El pasado mes de julio, el Congreso español reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para “aforar”, además de a Felipe VI, a la reina Letizia, al rey emérito Juan Carlos, a la reina emérita Sofía y a los príncipes de Asturias, de modo que solo podría juzgarlos el Tribunal Supremo.
La familia real española, al inicio del reinado de Juan Carlos I, en 1975, carecía de bienes, pero el hoy rey emérito recabó fondos de monarquías reaccionarias del Oriente Medio. El antiguo dictador de Irán Mohamad Reza Pahlavi habría también contribuido con 10 millones de dólares del patrimonio persa, según ciertos documentos. En los últimos años, la fortuna personal de Juan Carlos alcanzaría de entre 1680 a 2000 millones de euros.
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