El pasado 4 de mayo, el tribunal superior israelí, la más alta autoridad judicial del régimen, dictaminó que el ejército israelí tiene derecho a desalojar a más de 1300 palestinos que viven desde hace décadas en varias aldeas en Masafer Yatta, en las colinas del sur de Al-Jalil (Hebrón), en la Cisjordania ocupada.
El fallo, considerado como ilegal según las convenciones de Ginebra, es la mayor autorización judicial para la expulsión masiva de palestinos de sus viviendas desde que comenzó la ocupación israelí de los territorios palestinos en 1967. El régimen tiene planeado convertir la zona en un campo de tiro.
El martes, unos 15 demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron una carta, por segunda vez en una semana, al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pidiendo a la Casa Blanca que tome medidas inmediatas y concretas para evitar la demolición en curso de viviendas palestinas en Masafer Yatta.
Según los signatarios, el desalojo forzado de los palestinos de sus hogares en Masafer Yatta por parte de Israel “sería una grave violación de la Cuarta Convención de Ginebra y equivaldría a un crimen de guerra”.
Los firmantes, encabezados por el congresista Cori Bush, instaron además al Departamento de Defensa (el Pentágono) y a la embajada de EE.UU. en Al-Quds (Jerusalén), a enviar observadores a Masafer Yatta para documentar el desplazamiento masivo de los palestinos, incluidos “los detalles de las unidades militares involucradas en estas operaciones y el uso de cualquier arma estadounidense”.
En una entrevista con la revista Jewish Currents, el congresista Bush pidió a la Administración estadounidense, presidida por Joe Biden, y al Congreso que hagan rendir cuentas al régimen de “apartheid de Israel por sus atrocidades contra el pueblo palestino”.
El Gobierno palestino ha calificado de “crimen de guerra” el desplazamiento forzoso de los palestinos y recalcado que Israel debe ser enjuiciado por las sistemáticas violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino.
El polémico fallo del tribunal israelí ha conseguido una condena masiva en el mundo. La Unión Europea (UE) tacha de “ilegales” las demoliciones y los desalojos realizados por Israel e insta a las autoridades israelíes a “actuar de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario”.
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