El Colectivo de Abogacía de Derechos Humanos (CADHu) y la Comisión Arns de Brasil han informado este jueves del interpuesto de una denuncia formal ante la CPI contra Bolsonaro, por “incitar el genocidio y promover ataques sistemáticos contra los pueblos indígenas”. Los denunciantes, de hecho, tienen la mirada puesta en La Haya ante la falta de respuesta dentro de Brasil.
Los querellantes además acusan al mandatario brasileño de violar el tratado internacional de Roma, del cual Brasil es signatario desde 1998, al cometer “crímenes contra la humanidad”. El delito es reconocido por la CPI de La Haya, por lo que Bolsonaro deberá responder por los cometidos crímenes de lesa humanidad, señalan.
Además, Bolsonaro, de acuerdo con los activistas, “debilita los mecanismos para perseguir delitos como la apropiación ilegal de tierras, la explotación agrícola y ganadera, la minería y la tala ilegal en reservas naturales e indígenas”.
La denuncia subraya que proteger “las poblaciones vulnerables” como los indígenas es un deber del Gobierno, que no ha sido cumplido. “Por su gravedad (…) Aunque su mandato se haya terminado, Bolsonaro estará sujeto a castigo por parte del tribunal”, se lee en el documento.
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Por su gravedad (…) Aunque su mandato haya terminado, Bolsonaro estará sujeto a castigo por parte del tribunal”, se lee en la denuncia interpuesta ante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los crímenes cometidos por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ante los indígenas.
La denuncia se presentó a la procuradora jefe de la CPI, Fatou Bensouda, que ahora deberá solicitar informaciones a los Estados, órganos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y otras fuentes que considere relevantes. Después, podrá presentar una petición de autorización de investigación a la Cámara de Cuestiones Preliminares, ligada al tribunal.
A principios de este mes, el líder indígena Paulo Paulino Guajajara asesinado brutalmente por un grupo de madereros invasores de la tierra indígena Araibóia, al norte de Brasil.
La Coordinación de Organización Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), que representa a 300 organizaciones en más de 430 territorios, expresó enseguida su repudio a la ola de “odio, rabia, racismo, ataques, criminalización y asesinato de los pueblos indígenas encabezada por el Estado brasileño, a través de la mayor autoridad del poder Ejecutivo del país, el señor presidente Jair Bolsonaro”.
A la retórica contra los pueblos indígenas se suma la inacción ante el aumento de la deforestación de la Amazonía. Entre agosto de 2018 y julio de este año la destrucción de la selva aumentó un 30 %, hasta alcanzar los 9762 kilómetros cuadrados, un área más grande que toda la Comunidad de Madrid.
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