“La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para que se investiguen acciones del anterior gobierno [encabezada por Mauricio Macri] que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores”, ha anunciado este martes el presidente de Argentina, Alberto Fernández.
La decisión ha tenido lugar después de que la interventora de la AFI Cristina Caamaño denunciase a funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal tras el hallazgo de varios vídeos en los que quedaron registradas reuniones del entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, en las que promovía causas contra dirigentes sindicales como Juan Pablo Medina, jefe de la seccional platense de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).
En una serie de mensajes emitidos en Twitter, el mandatario argentino ha subrayado que su Gobierno había informado de la existencia de más de 100 celulares encriptados provistos por la Agencia Federal de Inteligencia, entre ellos funcionarios nacionales, personas de la Justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos, el partido de Macri.
Al respecto, Fernández ha revelado algunos conocidos nombres que recibieron estos teléfonos, incluidos Julio Conte Grand, procurador de la provincia de Buenos Aires; Daniel Angelici, expresidente de Boca; Gustavo Ferrari, exministro de Justicia de la provincia; y Martín Ocampo, ex fiscal general de la ciudad de Buenos Aires.
Ante tal situación, el jefe de Estado ha cuestionado la razón de existencia de tales teléfonos encriptados, por lo que ha señalado “el uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones crimínales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible”.
A pesar de todo, ha puesto de relieve que, bajo su gestión, se instruyó a la AFI para “poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales”, así como poner fin a hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista.
Desde que Macri dejó el poder, ha ido acumulando denuncias por espionaje, presiones a jueces u hostigamiento a empresarios mediáticos opositores. Además, es acusado de enviar armas a Bolivia para apoyar el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales.
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