El Ejecutivo del presidente sudafricano, Jacob Zuma, sopesa ahora retirarse de la CPI, pero "como último recurso" y solo cuando Sudáfrica "haya estudiado todas las soluciones disponibles" en el Estatuto de Roma, que regula la CPI, ha declarado este jueves el ministro sudafricano de la Presidencia, Jeff Radebe.
"La CPI decidió que Sudáfrica estaba obligada a detener a Al-Bashir sin consultarlo de forma apropiada", ha afirmado Radebe.
Sudáfrica ha entrado en una amarga disputa con la CPI después de que permitiera a Al-Bashir abandonar (la ciudad sudafricana de) Johannesburgo, pese al fallo que había emitido el pasado 14 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Pretoria en su contra y que le impedía temporalmente salir de Sudáfrica. Allí había viajado para asistir a una cumbre de la Unión Africana (UA).
"La CPI decidió que Sudáfrica estaba obligada a detener a Al-Bashir sin consultarlo de forma apropiada", ha afirmado Radebe.
Tas reconocer que el país austral podría tener discrepancias sobre esta decisión, el titular sudafricano ha defendido que la CPI debería "haber tomado este asunto con seriedad" y coadyuvar a que "todas las partes negociaran de buena fe".
El Gobierno sudafricano ha advertido de que Al-Bashir ha violado los tratados suscritos con la Unión Africana (UA) y ha lamentado que no fuera posible abordar directamente con el organismo judicial las "dificultades" de Sudáfrica para arrestar al líder sudanés.
Sin embargo, ha subrayado que "Sudáfrica debe cumplir con sus obligaciones en cuanto a la CPI, la UA y los Estados africanos".
En este mismo contexto, al informar que el Ejecutivo sudafricano remitirá la cuestión a los titulares de la corte penal, ha asegurado que Sudáfrica está “comprometida a asistir a la justicia internacional para garantizar que los graves crímenes no queden impunes”.
Esto viene mientras el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, llamó a acatar la orden de arresto del presidente sudanés, ya que a su juicio, los cargos que pesan contra Al-Bashir están relacionados con crímenes de guerra y contra la humanidad, "lo que preocupa muy seriamente".
Omar Al-Bashir, reelecto el pasado abril, con el 94,5 por ciento de los votos, se encontraba en Johannesburgo para participar en una cumbre de la Unión Africana (UA).
La CPI emitió dos órdenes de arresto contra Al-Bashir, en 2009 y 2010, por los conflictos en la región de Darfur, en el oeste de Sudán. El primer fallo está relacionado con crímenes de guerra y de lesa humanidad y el segundo con genocidio.
Conforme con los datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los conflictos que comenzaron en 2003 en Darfur han dejado 300.000 muertos y 2 millones de desplazados, casi una tercera parte de su población total.
En diciembre de 2014, Al-Bashir afirmó que la CPI ha fracasado en sus esfuerzos para humillar a Sudán y que "su fracaso no se debe a que el Gobierno haya rechazado colaborar con él, sino porque el pueblo sudanés lo ha rechazado".
fdd/ncl/kaa
