“El ejército y la policía de Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 (…) Los abusos se produjeron en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad por abusos cometidos en el pasado y desigualdad persistente”, concluye un informe del organismo de DD.HH. Human Rights Watch.
Los resultados de una ardua explicación recogidos en 117 páginas, del “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, refleja y denuncia uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales, así como una arraigada crisis política y social que erosiona el Estado de derecho y los derechos humanos en el Perú.
Aunque algunos manifestantes fueron responsables de actos de violencia, las fuerzas de seguridad respondieron con una fuerza desproporcionada, incluyendo con fusiles de asalto y armas cortas. 49 manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, murieron durante las protestas, según las diferentes denuncias recogidas desde diciembre de 2022.
De acuerdo a las investigaciones, al menos 39 personas murieron por herida de bala y otras cinco por heridas causadas por perdigones disparados con escopetas, mientras que un manifestante, además, denuncia que posiblemente un manifestante murió a como consecuencia del golpe de un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia. Los enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes y militares han dejado unos 1300 heridos.
El organismo de DD.HH. entrevistó a cerca de 150 personas, víctimas, familiares, testigos, policías, fiscales, periodistas, entre otros, y se reunió con autoridades gubernamentales, ministros de Defensa e Interior, el entonces comandante general de la Policía, el inspector general de la policía, la Fiscal General de la Nación y la Defensora del Pueblo, también verificó videos, fotografías, revisó informes forenses, de balística, registros médicos, expedientes penales y demás documentos que constataban el uso excesivo de la fuerza, tal como lo venían denunciando los manifestantes desde que estalló la más reciente crisis en diciembre anterior, tras la destitución y posterior encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.
El informe concluye que Investigaciones penales llevadas a cabo por el Ministerio Público han tenido graves deficiencias, como la falta de recogida de pruebas iniciales, que suponen ser clave para el esclarecimiento de los casos. Además, denuncia, que las autoridades no preservaron el lugar donde ocurrieron las muertes ni ordenaron que se hicieran pruebas de absorción atómica a militares y policías para detectar si realizaron disparos con armas de fuego. Tampoco decomisaron oportunamente sus armas para someterlas a análisis balísticos. En otros casos, los fiscales ni siquiera solicitaron grabaciones de las cámaras de seguridad de los lugares en los que las personas resultaron heridas o cayeron muertas. En dos casos, no dispusieron que se realizaran las autopsias antes de los sepelios.
Hace menos de un mes, Amnistía Internacional denunciaba la violación de DD.HH. y libertad de expresión por el Gobierno de Dina Boluarte durante las protestas. Un documento de la organización aseguraba que “en el pasado diciembre, las autoridades socavaron la libertad de expresión y de reunión, y las reprimieron ilícitamente con violaciones de derechos humanos”.
Las protestas en Perú, estallaron desde el 7 de diciembre de 2022, luego que Boluarte asumiera el cargo presidencial en reemplazo del destituido Pedro Castillo. Miles en las calles se mantenían exigiendo la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la convocatoria de una asamblea constituyente.
En reacción, Boluarte respondió a las manifestaciones declarando el estado de emergencia y sacando a los militares a las calles. En este contexto, la policía y las fuerzas de seguridad han sido acusadas por grupos de derechos humanos de usar armas de fuego y lanzar bombas de humo desde helicópteros.
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