Por dos votos frente a uno de los magistrados de la sala de cuestiones preliminares, la Corte de La Haya procederá al respecto. “La jurisdicción de la Corte sobre la situación en Palestina se extiende a los territorios ocupados desde 1967”, según la resolución publicada este viernes.
La decisión, que abre la puerta a la apertura de una investigación contra Israel, no ha sido del agrado de las autoridades del régimen sionista. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha reaccionado a la medida, acusando al alto tribunal de ser “un organismo político y no una institución judicial”.
Los medios israelíes han alertado que la resolución de la Corte Penal Internacional (CPI) “podría colocar a altos funcionarios israelíes frente a procedimientos penales, e incluso órdenes de arresto”.
Los palestinos han dado la bienvenida al fallo de la CPI. La Cancillería palestina ha resaltado que “la decisión de la Corte Penal Internacional con respecto a la jurisdicción es un día histórico para el principio de responsabilidad”, expresando su disposición “a cooperar con la investigación de la Corte”.
A raíz de las reiteradas peticiones de las autoridades palestinas, en diciembre de 2019, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, solicitó al tribunal iniciar una indagación por posibles crímenes de guerra de Israel en Cisjordania, la Franja de Gaza y el este de Al-Quds (Jerusalén). Sin embargo, antes de emprenderse las pesquisas, el tribunal debía decidir, si era competente para actuar en los territorios palestinos.
Los jueces han publicado esta decisión, pese que Israel impugna dicha jurisdicción. Por otra parte, la medida se produce mientras que la anterior Administración del expresidente Donald Trump anunció en septiembre la imposición de sanciones a la fiscal Bensouda y a los miembros del tribunal ante las expectativas de que Israel fuese investigado por crímenes de guerra en los territorios palestinos.
El régimen de Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional, creado en 1998, pero Palestina es Estado Parte del Estatuto de Roma, carta fundacional de la Corte, desde enero de 2015, por lo que la Fiscalía tendría potestad para investigar los supuestos crímenes, más allá de la nacionalidad de los posibles responsables.
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