Según varias asociaciones pro niñez y adolescencia, el 95% de los delitos contra menores queda en la impunidad porque no existen los medios suficientes ni personal para perseguir estos delitos que van desde maltrato psicológico y físico hasta el homicidio en contra de los pequeños, de hecho quienes desisten en muchos de los casos son los agraviados por falta de fondos.
En los últimos años la cantidad de niños y adolescentes que ingresan a pandillas se ha elevado significativamente, los procedimientos legales de un menor detenido son largos porque el Estado no garantiza el recurso humano para evacuar las audiencias con celeridad como lo establece la ley, la escasez va desde fiscales y defensa pública hasta jueces de ejecución penal.
Los niños y adolescentes que son explotados laboral, física y sicológicamente deben recorrer un camino muy largo para encontrar justicia en el sistema penal guatemalteco, un atenuante es la lentitud del sistema y la falta de protección del Estado en cuanto a amenazas e intimidaciones que sufren cuando denuncian.
En 2016 se ha elevado el número de mujeres menores de edad que dan a luz, niños que en muchas ocasiones son producto de violaciones en las que también tienen que ver los familiares de las víctimas y que difícilmente reciben castigo.
Derivado del maltrato hacia menores y su involucramiento en pandillas el Estado se enfrenta a otro problema aún más delicado que es el hacinamiento en orfanatos y refugios para menores.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.
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