Las sanciones han sido anunciadas este viernes por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y su viceprimera ministra, Chrystia Freeland, en una rueda de prensa.
En concreto, las medidas impedirán que unos 10 000 altos cargos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) puedan viajar a Canadá, hacer negocios con entidades o individuos del país, o poseer activos allí.
Trudeau ha afirmado que las sanciones son una respuesta a las “violaciones de los derechos humanos”, y ha mencionado, en particular, la muerte de la joven iraní Mahsa Amini.
Diferentes ciudades de Irán fueron escenario de violencia callejera protagonizada por vándalos que se infiltraron en las protestas por la muerte de Amini, fallecida tras colapsar en una comisaría iraní el 16 de diciembre.
La Organización de la Medicina Forense de Irán ha divulgado esta misma jornada un comunicado en el que ha determinado la causa de la muerte de la joven iraní. De acuerdo al texto, Amini sufrió “una alteración en el importante eje hipotálamo-pituitario y las glándulas bajo su control (incluidas las suprarrenales y la tiroides), después de una cirugía de tumor cerebral de craneofaringioma a la edad de ocho años.
Por ello, Amini experimentó un trastorno del ritmo cardíaco y una caída de la presión arterial, seguida de una disminución del nivel de conciencia. Posteriormente, debido a la ineficacia de la reanimación cardiopulmonar en los primeros minutos críticos, sufrió hipoxia severa y, como consecuencia, un daño cerebral.
Sin embargo, los medios occidentales, desde el principio, han culpado a los agentes policiales del incidente, haciendo todo lo posible para manipular la información, en busca de exacerbar a la ciudadanía a salir a las calles a protestar contra el sistema de la República Islámica de Irán.
En reacción, las autoridades iraníes han urgido a los países occidentales a evitar el oportunismo y la instrumentalización de los derechos humanos.
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