Romero explicó que el país andino se sitúa en ese tercer puesto gracias a la política adoptada por el Ejecutivo de Evo Morales, que ha permitido rebajar el índice de criminalidad, basando sus afirmaciones en un informe preliminar recién publicado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre este tema.
El alto funcionario resaltó que esta reducción se traduce en que, mientras que hace cinco años había más de 12 homicidios por cada cien mil habitantes, en 2017 esa cifra se había reducido casi a la mitad, hasta 6,4 homicidios.
La autoridad reconoció, no obstante, que en la actualidad subsisten en el país algunos problemas que generan sensación de inseguridad, como pueden ser delitos de bagatela del tipo de robos de celulares o de billeteras en las calles bolivianas.
Los índices más altos de violencia registrada se centra en el triángulo centroamericano de Honduras, Guatemala y el Salvador, donde los índices de criminalidad son 15 veces superiores a las estadísticas de criminalidad que se producen en Bolivia”, señaló el ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero.
Tras mencionar que Latinoamérica es la región más violenta del mundo (concentra el 30 por ciento de la violencia del planeta), Romero detalló que “los índices más altos de violencia registrada se centran en el triángulo centroamericano de Honduras, Guatemala y El Salvador, donde los índices de criminalidad son 15 veces superiores a las estadísticas de criminalidad que se producen en Bolivia” y también está aumentando.
En contra de lo que ocurre en esos tres países, el ministro boliviano destacó que Cuba aparece como el país más seguro en lo que respecta a Centroamérica.
Estos datos, positivos para Bolivia, se dan a conocer en medio de una serie de movilizaciones sociales motivadas por el anuncio de Morales de su intención de postularse en las elecciones presidenciales de 2019.
La oposición boliviana denuncia que el actual mandatario no está en posición de presentar su candidatura presidencial, dado que la Constitución del país andino no contempla la posibilidad de que un dirigente nacional se pueda postular a un cuarto mandato consecutivo.
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