La Fiscalía de México presentó el viernes un nuevo peritaje sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (sur), peritaje que desató las críticas de los expertos de la CIDH que participan en las investigaciones
La controversia se asienta en que la Fiscalía del Estado indica que hay suficientes evidencias de que en la noche de los sucesos allá en 2014 en la ciudad de Iguala (Guerrero, sur) se quemaron al menos 17 seres humanos en un basurero en la cercana localidad de Cocula, con lo que reabre la hipótesis inicial de que los restos calcinados del basurero puedan pertenecer a alguno de los malogrados desaparecidos estudiantes.
La Fiscalía, pues, mantiene la idea primera de que los jóvenes fueron atacados por policías corruptos de Iguala, quienes los habrían entregado a integrantes del cártel Guerreros Unidos, y estos a su vez a otros sicarios, que los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula, para luego tirar sus cenizas a un río aledaño.
No obstante, la hipótesis oficial recibió en su momento amplias críticas y también ha sido rechazada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), que lleva casi un año trabajando en el caso y, de hecho, defiende que no hay evidencia alguna de que aquella noche se encendiera un fuego de tal magnitud en el basurero.
Por otro lado, un equipo forense argentino contratado por las familiares de los 43 desaparecidos también discrepa de la versión oficial, pues aduce que no es posible una incineración de tal magnitud en dicho basurero.
La posición de la Fiscalía mexicana ha provocado una ola de indignación en el país azteca y al gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, le han llovido crítica de distintas organizaciones internacionales, entre ellas Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI).
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