Según el rotativo, 107 compañías, pertenecientes a unos 57 implicados en el caso de corrupción de Petrobras, habían quedado, por desconocimiento, al margen de la gran operación Lava Jato, investigada por el juez Sergio Moro desde 2014.
En la lista figura una empresa que, según un delator de la trama corrupta de Petrobras, pertenece a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, aunque ningún documento lleva su firma, de acuerdo con las información de UOL, O Estado de Sao Paulo y Rede TV, tres de los 109 medios internacionales que trabajaron en la revelación de los “Papeles de Panamá”.
Panamá es un país muy serio y no es un paraíso fiscal", dijo hace meses en una entrevista con la AFP la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo.
En un comunicado a la prensa, Cunha, que también está acusado por la Fiscalía brasileña de haber recibido sobornos por unos cinco millones de dólares en el marco del caso Petrobras, "negó con vehemencia" esas versiones y "desafió" a quienquiera a probar que tiene relación con alguna compañía ilegal.
Otros posibles implicados en los “Papeles de Panamá” serían un exministro y un exlegislador, que todavía no han reaccionado a dicho informe.
El diario alemán Süddeustche Zeitung obtuvo unos 11,5 millones de documentos donde aparecerían nuevas cuentas desconocidas de constructoras implicadas en el fraude a Petrobras, como Odebrecht, cuyo presidente, Marcelo Odebrecht, fue condenado en marzo a casi 20 años de prisión por su participación en la trama.
El millonario saqueó de la petrolera estatal fue el desencadenante de la severa crisis política que atraviesa Brasil y que tiene a su presidenta Dilma Rousseff bajo amenaza de destitución.
El escándalo estalla en momentos en los que Panamá y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantienen diferencias sobre el intercambio de información fiscal para evitar el blanqueo de capital.
El Gobierno panameño está dispuesto a intercambiar información fiscal, pero con un modelo propio, bilateral y con garantías de confidencialidad con cada país y no de manera inmediata, como solicita la OCDE, que acusa a Panamá de falta de compromiso en el intercambio automático de información financiera.
El objetivo de Panamá es proteger su sistema bancario, cuyos activos alcanzaron el año pasado 118 478 millones de dólares, una cifra histórica para este sector que aporta más del 7 % al Producto Interior Bruto (PIB) del país.
La preocupación de la nación centroamericana es que las exigencias de la OCDE afecten su competitividad como centro financiero.
Sin embargo, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela anunció el 18 de febrero que su país había salido de la lista gris del blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que agrupa a 32 países y a dos organismos regionales.
El grupo confirmó que Panamá ya cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional apropiado para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Sin embargo, es considerado por algunos gobiernos como un paraíso fiscal, aun cuando las autoridades locales lo desmienten. "Panamá es un país muy serio y no es un paraíso fiscal", dijo hace meses en una entrevista con la AFP la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo.
En los “Papeles de Panamá” figuran 72 jefes o exjefes de Estado que, a través de sus empresas, evadían impuestos, lavaban dinero y evitaban sanciones, según la investigación.
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