En una entrevista concedida a la televisión estatal iraní, el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, condenó el uso de bombas de racimo por parte de Riad durante sus ataques aéreos contra el territorio yemení y subrayó que Estados Unidos es cómplice de los crímenes de Arabia Saudí en Yemen por la venta de armas prohibidas a ese país.
Roth señaló que las bombas de racimo nunca deben ser utilizadas, especialmente cerca de las zonas civiles, y añadió que el bombardeo inusual perpetrado por Arabia Saudí contra Yemen es injustificable.
Además explicó que al lanzarlos, algunos armamentos no explotan, por tanto se convierten en minas terrestres, las mismas que pueden causar más daños a los civiles.
Las bombas de racimo son bombas de caída libre o dirigida que están compuestas por cientos de submuniciones o bombetas de diversos tipos que se esparcen de manera indiscriminada en la zona usada. Por esta razón, el 3 de diciembre de 2008, cerca de 100 Gobiernos firmaron el Tratado contra las bombas de racimo.
El director ejecutivo de HRW se refirió a dicho tratado y denunció que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) no lo reconocieron, por lo que siguen utilizando esas armas prohibidas.
Por otra parte, reafirmó que Estados Unidos, asimismo, no debe fabricar bombas de racimo ni venderlas.
Finalmente, exigió un cese al fuego en Yemen para que llegue, lo antes posible, ayuda humanitaria a ese país.
El pasado 3 de mayo, un oficial del Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono) afirmó que el Gobierno de Estados Unidos no pretende parar el suministro de las polémicas bombas de racimo al régimen de Arabia Saudí.
La misma jornada, el HRW acusó a Arabia Saudí de utilizar bombas de racimo durante sus ataques aéreos contra Yemen y aseguró que su acusación se basaba en “pruebas creíbles”, entre ellas imágenes y vídeos, que evidencian el empleo de este tipo de bombas, tal es el caso de la provincia nororiental de Saada.
El pasado 26 de marzo, Arabia Saudí lanzó una ofensiva militar contra Yemen, prescindiendo del permiso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en un intento por eliminar de la ecuación al movimiento popular Ansarolá y restaurar en el poder al expresidente fugitivo Abdu Rabu Mansur Hadi, un estrecho aliado de Riad. De hecho, como consecuencia de la ofensiva, al menos 3512 personas han muerto y 6189 han resultado heridas, entre ellas 492 menores y 209 mujeres.
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