El decreto, firmado por el presidente de Perú, Ollanta Humala, autoriza a la Policía Nacional a mantener el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros de la región Apurímac, y en las provincias de Chumbivilcas y Espinar de la región Cusco.
“Con la finalidad de lograr la estabilidad y gobernabilidad, al producirse perturbación de la paz y alteración del orden interno, es necesario que las Fuerzas Armadas garanticen el funcionamiento de los servicios públicos esenciales resguardando los puntos críticos vitales, como las vías de comunicación, carreteras y puentes existentes en la zona, para el normal desarrollo de las actividades de la población”, reza el texto del dispositivo legal publicado en el diario oficial.
Con la finalidad de lograr la estabilidad y gobernabilidad, al producirse perturbación de la paz y alteración del orden interno, es necesario que las Fuerzas Armadas garanticen el funcionamiento de los servicios públicos esenciales (...), reza el texto que decreta estado de emergencia en seis provincias de Perú.
Además, recuerda que durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de transito.
Esta decisión se produce a raíz del aumento de las víctimas mortales en las protestas contra el mayor proyecto minero del Perú, Las Bambas, filial de la gigante china Minmetals, que han dejado un saldo de cuatro muertos y unos 20 heridos de bala, según confirmó la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Cusco.
De acuerdo con las fuentes oficiales, desde la tarde del lunes se han registrado enfrentamientos entre la policía y los pobladores que, en realidad, no rechazan el proyecto en sí, sino la construcción de una planta de tratamiento de minerales y de un almacén de residuos en el yacimiento de cobre Las Bambas, porque consideran que contaminará el agua y sus cultivos.
El gobernador de Apurímac, Wilber Venegas, aludió a la falta de "una explicación clara sobre la construcción de la planta y el estudio de impacto ambiental".
Por su parte, Jaime Osorio, dirigente del Frente de Defensa de Cotabambas, denunció que la empresa china que desarrolla el proyecto ha modificado el estudio de impacto ambiental de Las Bambas: con ello Minmetals descarta la construcción de un mineroducto, lo que obligará a que el transporte del mineral sea en la superficie, con riesgo a contaminar la zona. También pretende construir una planta de molibdeno y de una planta de filtros en la localidad de Fuerabamba, lo que afectaría el agua de los ríos.
Los pobladores que viven cerca a la mina reclaman, asimismo, que se emplee a trabajadores locales para operar la mina, ya que, al encontrarse la construcción del proyecto en su fase final, los puestos de trabajo escasean.
El presidente peruano, Ollanta Humala, lamentó en la noche del lunes los enfrentamientos y señaló además que el Ministerio de Energía y Minas busca una solución al reclamo, en momentos en que los pobladores exigen la presencia de las autoridades.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, consideró que las protestas son injustificadas, pues, agrega, el diálogo entre las autoridades y los pobladores se está desarrollando con normalidad.
“Lamento las muertes pero todos debemos condenar la violencia. Esta no conduce a nada. Hemos venido dialogando con las partes involucradas y, por esa razón, avanzamos en este proyecto que está al 98 % de su ejecución”, comentó.
Cateriano resaltó, asimismo, que este proyecto minero ha supuesto una inversión superior a 10 mil millones de dólares estadounidenses y se espera que genere un incremento del PIB del 1,4 % de crecimiento para el país andino, cuya economía depende del sector minero.
También el proyecto minero denominado Tía María, en la sureña ciudad de Arequipa, ha generado polémica en Perú: en las protestas de abril se reportó un muerto y 11 heridos.
Los residentes de la provincia de Islay, donde se encuentra la mina de cobre del proyecto Tía María, se movilizan para denunciar que su ejecución afectará negativamente a la agricultura y contaminará la zona.
El jueves, más de 1500 personas se manifestaron en el sur de Perú y aseguraron que en ningún caso permitirán que comience el proyecto Tía María.
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