Según confirmaron el sábado los medios locales, la jueza federal de Río Grande, en Tierra del Fuego (sur), Lilian Herráez, decidió la medida contra las compañías británicas y estadounidenses que están denunciadas por el Gobierno argentino por las actividades de exploración sin autorización.
El consorcio Premier Oil PLC está acusado de contaminación, importación y exportación de bienes de manera ilegal”, asegura la denuncia penal argentina.
El pasado 21 de abril, la presidenta Cristina Fernández, denunció las operaciones ilegales de las petroleras extranjeras en las zonas y aguas en disputa del Atlántico sur, entre ellas la británica Premier Oil PLC, socio de la estadunidense Talos Energy LLC y de la mexicana Sierra Oil & Gas.
“El consorcio Premier Oil PLC está acusado de contaminación, importación y exportación de bienes de manera ilegal”, asegura la denuncia penal argentina.
En una medida similar, la magistrada ordenó el mes pasado embargos por más de 156 millones de dólares contra bienes y activos de empresas petroleras que operan ilegalmente en el llamado archipiélago, ocupado desde 1833 por el Reino Unido.
Entre tanto, el secretario de Asuntos Relativos a Malvinas de la Cancillería argentina, Daniel Filmus, aplaudió el sábado el apoyo concreto de los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) y su ‘Declaración Especial’ emitida el viernes por la cumbre presidencial del bloque en Brasilia (capital de Brasil) sobre las explotaciones ilegales de los recursos que pertenecen a la Argentina.
“En la Declaración Especial sobre exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina en proximidad de las Islas Malvinas, los presidentes de los Estados partes del Mercosur y Estados asociados se refieren concretamente a la presencia de una plataforma semisumergible en la plataforma continental argentina que realiza actividades de exploración hidrocarburífera no autorizadas por la República Argentina y advierten que esta nueva acción unilateral del Reino Unido es violatoria del derecho internacional y de la legislación interna argentina”, agregó Filmus.
Argentina y el Reino Unido mantienen un litigio sobre la soberanía de las islas, lo que motivó una confrontación bélica entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, que acabó con la vida de 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños.
En reiteradas ocasiones, Argentina ha pedido al Gobierno británico sentarse a la mesa de negociaciones para resolver pacíficamente la disputa de soberanía; una solicitud que, todavía, no ha recibido una debida respuesta desde Londres.
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