“La República Bolivariana de Venezuela rechaza, de manera categórica, la decisión de la Fiscal Federal Argentina de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y el titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación (DIGCRI), Diego Solernó, en torno al secuestro de la aeronave de EMTRASUR, ilegalmente retenida”, declaró el sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela, a través de un comunicado emitido en la plataforma X.
Conforme a la nota, Argentina, con la retención ilícita del avión venezolano, ha violado sistemáticamente los compromisos internacionales como “el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, el Convenio de Viena sobre Derechos de los Tratados, la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio Bilateral entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, y otros relativos a la Navegación Aérea Internacional y Derechos Humanos”.
La Cancillería venezolana, señalando mecanismos e instrumentos legales como la Comisión de Derecho Internacional, el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional, ha asegurado que “no se aplica el tratado suscrito entre Estados Unidos de Norteamérica y Argentina”.
Asimismo, ha recalcado que la Justicia argentina trata de desconocer “el contenido del artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional” que prohíbe la “paralización o embargo de una aeronave en servicio por cuestiones de patentes”.
El comunicado ha destacado que Buenos Aires se esfuerza aplicar “un Tratado (bilateral) de Asistencia Jurídica Internacional entre la República Argentina y Estados Unidos de Norteamérica, que no puede ser aplicado a un tercer Estado”.
A modo de colofón, Venezuela ha instado a Argentina a devolver de manera inmediata la aeronave Emtrasur que “solo puede volar bajo autorización expresa de la República Bolivariana de Venezuela, a la cual pertenece”.
¿Qué sabemos del retenido avión?
En 2022, Argentina incautó el Boeing 747 que trasladaba cargamento de una empresa automotriz bajo el pretexto de que la aeronave era propiedad de la empresa iraní Mahan Air, sancionada por EE.UU. desde 2011.
Emtrasur es una filial de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, que se encuentra bajo sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El avión en cuestión fue comprado en 2021 a la aerolínea iraní Mahan Air.
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