El portavoz de la Cancillería de Irán, Esmaeil Baqai, reaccionó el martes a una declaración emitida el 6 de diciembre por parte de Francia, Alemania y el Reino Unido —conocidos como E3— en la que acusaron a Irán de no cumplir con sus compromisos en virtud del acuerdo nuclear de 2015 y la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) y le instaron a detener lo que denominaron como una “escalada nuclear”.
Baqai subrayó que la reciente decisión del Gobierno iraní de activar centrifugadoras avanzadas se ha realizado en el marco de los derechos específicos otorgados por el Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear y con la debida notificación y bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).
“Como miembro responsable de la AIEA, la República Islámica de Irán ha demostrado su compromiso con la cooperación con esta institución y los entendimientos alcanzados durante la visita de su director general a Teherán en los días 14 y 15 de noviembre”, explicó el vocero.
Sostuvo asimismo que es lamentable que los tres países europeos, independientemente de los logros de dicha visita que podrían haber sido una base para fortalecer la cooperación en el futuro, insistieran en su enfoque poco constructivo y procedieran a aprobar una resolución contra Irán.
Refiriéndose a una reunión celebrada el 29 de noviembre con representantes del trío europeo en Ginebra (Suiza), Baqai afirmó que la República Islámica sigue creyendo en una interacción constructiva basada en el respeto mutuo.
“Al mismo tiempo, la República Islámica de Irán responderá a cualquier comportamiento confrontativo e ilegal en el marco de sus derechos legales, y de manera apropiada”, aseveró.
Al respecto, Baqai afirmó que la causa fundamental de la situación se debe a la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés) y al fracaso del E3 en cumplir con sus compromisos.
El 21 de noviembre, la Junta de Gobernadores de la AIEA aprobó una resolución, presentada por el Reino Unido, Francia y Alemania, que repetía las mismas alegaciones y solicitaba un informe “exhaustivo” sobre las actividades nucleares de la República Islámica hasta la primavera de 2025. La resolución antiraní fue aprobada a pesar de que Irán había acordado limitar sus reservas de uranio enriquecido al 60 % para mostrar su disposición a cooperar con el organismo.
En respuesta, Irán comenzó a inyectar gas de uranio en sus centrifugadoras avanzadas de fabricación nacional, reiterando que su programa nuclear pacífico es transparente y está bajo la supervisión de la AIEA.
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