Reconstruir el caso ha sido todo un desafío. Dos administraciones gubernamentales han fracasado en el intento. Como en cada aniversario, miles han salido a las calles, cercando al senado de la República, para exigir una respuesta.
Un 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, a 190 kilómetros de la capital mexicana, agentes de Policía dispararon contra varios autobuses que transportaban a estudiantes de la "Escuela Normal Rural de Ayotzinapa". En el caos, seis personas, entre ellas tres estudiantes, murieron, mientras que otros 43 jóvenes, según la versión más extendida, fueron secuestrados por los uniformados, presuntamente en connivencia con un cártel local. Nunca se les volvió a ver.
Inicialmente, las autoridades mexicanas, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, trataron de minimizar su responsabilidad. Presentaron una versión conocida como "la verdad histórica" - basada en testimonios obtenidos bajo tortura - en la que sugerían que la Policía local había actuado junto al crimen organizado y afirmaban que los estudiantes transportaban drogas durante la noche de los hechos.
A la fecha, los actuales investigadores no tienen duda alguna de que el entonces procurador general y su equipo armaron dicha versión, para evitarle un mayor desgaste político a Peña Nieto. Murillo cayó preso hace un par de años y solo salió por su mal estado de salud. La Fiscalía le acusó de desaparición forzada y delincuencia organizada.
En diciembre de 2018, tras su llegada al poder, López Obrador tomó las pesquisas como algo personal. Creó una comisión investigadora y patrocinó la vuelta de investigadores externos. Reconoció la responsabilidad de militares, hubo algunas detenciones, pero la burocracia diluyó la expectativa.
A una década del suceso hay más dudas que certezas. Tres trozos de hueso de tres de los estudiantes es todo lo que se ha recuperado. Las protestas en las inmediaciones del Senado de la República estallaron.
Los dolientes exigen la verdad a la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien tomará las riendas del país en pocos días. Desde mediados de 2022, las pesquisas no han avanzado y la buena relación entre el gobierno y las familias de los desaparecidos se enfrió, hasta el punto de romperse. Decenas de servidores públicos están en la cárcel por el caso. La justicia también sigue ausente.
sbd/rba
