El asesinato de otro ambientalista y la criminalización de la labor de muchos de esos hondureños que han decidido luchar por el medio ambiente, confirma que ser ambientalista parece ser una sentencia de muerte.
Los ambientalistas hondureños de la comunidad de Guapinol perteneciente al departamento de Colón son perseguidos y judicializados. 8 de ellos con más de 12 meses tras las rejas por la defensa de los bienes comunes.
Uno de estos casos es Arnold Joaquín Morazán, era un ambientalista y pastor evangélico de la comunidad de Guapinol, fue asesinado al interior de su casa el pasado martes. Mientras sus compañeros se enfrentan a nuevos procesos legales que los llevarían a la cárcel.
Mientras tanto el Parlamento Europeo (PE) nominó a estos 8 ambientalistas que están presos, a el Premio Sárajov; que reconoce las luchas indígenas y por la defensa del agua a nivel mundial.
La Justicia hondureña puede ser catalogada por de “irónica” o de un “mal chiste”, mientras se deja libre a Marco Bogran y otros funcionarios acusados de corrupción en medio de la pandemia, ambientalistas guardan prisión por más de 24 meses y otros son asesinados.
Las distintas comunidades que se oponen a los proyectos extractivos sufren la persecución, es el caso los garífuna de Triunfo de la Cruz, que cumplen más de 90 días desaparecidos.
La empresa minera inversiones los pinares es propiedad de Ana Facusse, hija del extinto terrateniente Miguel Facusse; acusado de su implicación en el asesinato de cientos de campesinos del Bajo Aguan y de Lenir Pérez, socio de Juan Orlando Hernández.
Dassaev Aguilar, Tegucigalpa.
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