El bloque comunitario ha anunciado este lunes que ha extendido un año más sus sanciones contra Irán que incluyen la negación de visados de entrada a la UE y la congelación de activospara los individuos, además de una prohibición para las exportaciones de equipos de vigilancia de telecomunicaciones y otros artefactos desde la UE.
La UE ha venido imponiendo sanciones a individuos y empresas de la República Islámica desde 2011. Hasta la actualidad, 89 personas y 4 entidades iraníes están en la lista negra de los Veintisiete.
En concreto, el Consejo Europeo (CE) prolonga hasta 13 abril de 2022 las sanciones contra el país persa por “violaciones a los derechos humanos” que achaca a Teherán sin presentar prueba alguna.
En este marco, la UE ha añadido hoy a ocho personas y tres entidades iraníes más a la lista de sus prohibiciones de este año.
Entre los sancionados se encuentran el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Hosein Salami; el comandante de la Fuerza Terrestre del CGRI, el general de brigada Mohamad Pakpur; y el comandante de la Policía de Irán, el general de brigada Hosein Ashtari.
La extensión de las mencionadas sanciones se produce en momentos en los que las conversaciones en Viena (Austria) siguen en curso entre los representantes de Teherán y las cinco potencias firmantes del acuerdo nuclear de 2015 de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés) para salvar el pacto y levantar las sanciones crueles de EE.UU. impuestas contra el país persa.
En este sentido, el pasado septiembre, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Said Jatibzade rechazó el “doble rasero” de algunos países de la UE respecto a los derechos humanos en el país persa, repudiando la indiferencia del bloque comunitario a las flagrantes violaciones de los derechos humanos por sus Gobiernos y aliados.
Asimismo, tildó de “inaceptable y selectiva” que algunos países asuman que la opresión en contra los refugiados dentro de las fronteras de la UE, la represión de los manifestantes, el asesinato de los afrodescendientes, la masacre de las minorías, particularmente la musulmana, etc. equivalen a la “implementación de las reglas”, pero al mismo tiempo, afirman que la apertura de procedimientos judiciales por los tribunales competentes de un país es una “violación de los derechos humanos”.
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