“El presidente (Donald Trump) ha autorizado sanciones económicas contra funcionarios de la Corte Penal Internacional directamente involucrados con cualquier iniciativa para investigar o acusar a funcionarios estadounidenses sin consentimiento de Estados Unidos”, ha expresado la Casa Blanca en un comunicado emitido este jueves.
El comunicado, de este modo, ha denunciado las investigaciones de la CPI sobre los crímenes de guerra que ha cometido el país norteamericano en Afganistán.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, ha aseverado al respecto que la investigación de la CPI, con sede en la ciudad holandesa de La Haya, “está siendo impulsada por una organización de dudosa integridad”, acusando a Rusia de estar involucrada.
Debido a las sanciones autorizadas por Trump, los activos de los funcionarios de la CPI en Estados Unidos serán bloqueados, sus entradas serán negadas, y ni los empleados ni sus familias podrán obtener visa del país norteamericano.
McEnany además ha dicho que las acciones de la Corte Penal Internacional son un “ataque a los derechos del pueblo estadounidense” y “amenazan con infringir la soberanía nacional” de EE.UU.
La CPI, decidió iniciar investigaciones después de que un examen preliminar realizado por fiscales en el año 2017 encontró motivos razonables para creer que los soldados estadounidenses cometieron crímenes de guerra en Afganistán y que la CPI tiene la jurisdicción al respecto.
El objeto de las pesquisas son los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en Afganistán desde el 1 de mayo de 2003, cuando este país asiático se convirtió en Estado miembro del Estatuto de Roma. Estados Unidos, que no es parte de la CPI, lleva a cabo una campaña total contra esta entidad, aduciendo que realiza enjuiciamientos motivados políticamente contra sus ciudadanos.
La intervención militar en Afganistán, en 2001, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), encabezada por EE.UU., tenía supuestamente como objetivo derrocar al grupo armado Talibán, “luchar” contra los extremistas e intensificar la lucha antidrogas, pero no ha hecho sino agravar la situación en el país asiático, que, transcurridas unas dos décadas de esta injerencia, es más inseguro que nunca.
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